CANCÚN, MX.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ordenó el bloqueo de las cuentas bancarias de diversos empresarios y hasta políticos de Quintana Roo, incluido el diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), José de la Peña Ruiz de Chávez, y el dueño del periódico Quequi, José “Pepe” Gómez Álvarez.
Lo anterior quedó plasmado en un requerimiento expedido el pasado 4 de febrero, con base en el acuerdo 10/2021, y entregado a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
El documento, firmado por el titular del UIF, Santiago Nieto Castillo, fue obtenido por el portal digital “Sin Reserva”, y en él se enumera a varios ciudadanos y empresas bajo investigación.
Encabeza el listado Adrián Nicolae Cosmin, ciudadano rumano, presuntamente implicado en una red de clonación de tarjetas en cajeros automáticos. El pasado 30 de marzo de 2019, fue detenido en un operativo federal en compañía de Florian Tudor, también rumano, cuyo domicilio fue posteriormente cateado, como parte de esta investigación.
También incluido está el abogado de Florian Tudor, Eddy Pérez Escobar, quien encabezara una rueda de prensa en la que acusaba a autoridades estatales y federales de extorsión en contra de su cliente.
Florian Tudor no figura en este requerimiento, pese a que el propio Santiago Nieto Castillo informó del congelamiento de sus cuentas, con otras 79 personas físicas y morales, precisamente el pasado 4 de febrero, lo que podría indicar que está incluído en otro documento.
En la nota informativa para ‘Sin Reserva’, el periodista Víctor Flores asegura que este es el único listado, sin que figure Florian Tudor, de quien dice fue implicado ‘con dolo’ por sus oponentes.
Como ya se indicó, sí figuran en este documento, como investigados, tanto el diputado local José de la Peña Ruíz de Chávez, quien es hijo del empresario hotelero Benjamín de la Peña, como el empresario José ‘Pepe’ Gómez Álvarez, dueño del periódico Quequi y de la lavandería QueLimpio.
En la lista oficial de cuentas congeladas por la UIF con fecha 4 de febrero de 2021 aparecen también el ex secretario de Seguridad Pública de Cancún, José Luis Jonathan Yong Mendoza (quien luego fuera director de Catastro, en el trienio de Remberto Estrada).
Este ex funcionario supuestamente ya era investigado por la SIEDO por presuntos nexos con la delincuencia organizada. La UIF bloqueó no solo sus cuentas, sino las de su padre, José Luis Yong Cruz.
Increíblemente, también figura en este listado Leticia Rodríguez Lara, alias “Doña Lety”, supuesta líder del “Cártel de Cancún” o “grupo de Bonfil”, quien actualmente está tras las rejas, luego de ser detenida en Puebla, en compañía del jefe de escoltas de ex procurador de justicia, Gaspar García Torres, hoy notario.
También se enlista a Francisco Garibay Osorio, ex director del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo (IPAE) durante la gestión del ex gobernador Félix González Canto, además de su hijo, Iván Eliud Garibay Pulido y una empresa de ambos, Inmobiliaria Crisántemos, vendida a ellos por Vega Serrador en 2010.
Como funcionario en el IPAE, Garibay Osorio benefició con más de 100 terrenos a esta inmobiliaria, lo que resultó ser en su propio lucro, al adquirirla de Vega Serrador.
El operador político Israel López Salazar figura aquí como investigado por Hacienda y con orden de congelar sus cuentas políticas. Él fue denunciado por la ex candidata a diputada “Gaby” Pallares por abuso de confianza, ya que se ostentó como representante de Porfirio Muñoz Ledo para obtener dinero.
Congeladas asimismo quedaron las cuentas de Ricardo Antonio Vega Serrador, apodado como el “Zar de las Gasolineras”, al ser dueño de Corpo Gas. Supuesto prestanombres del ex gobernador Félix González Canto, él recibió del IPAE las emblemáticas Villas Juveniles del CREA, en la Zona Hotelera de Cancún, las que ya fueron recuperadas a través de un litigio. Varios otros integrantes de Corpo Gas también obtuvieron otros terrenos del IPAE, la gran mayoría de los cuales fueron intervenidos por el gobierno federal, en 2016. (Agencia SIM)