CHETUMAL, MX.- Ante el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador de que el gobierno federal atenderá a los periodistas baleados hace tres meses por policías en Cancún, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGE) dio a conocer avances de resultados de hechos ocurridos el 9 de noviembre de 2020 en el Ayuntamiento de Benito Juárez.

Apenas horas después de que el mandatario mexicano desde Palacio Nacional, encomendara la atención del caso a la titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Olga Sánchez Cordero, el gobierno de Quintana Roo informó detalles de sus investigaciones.

En un comunicado, la Fiscalía precisó que, derivado de los hechos ocurridos en el Palacio Municipal de Benito Juárez el 9 de noviembre del año 2020, en la que un grupo de personas realizaban una manifestación pública, a través de diversos actos de investigación, en diciembre del año pasado, se ejercitó acción penal en contra de 11 servidores públicos.

La dependencia, precisó que los ahora imputados desempeñaban el cargo de Secretario de Seguridad Pública Municipal, Subsecretario de Seguridad Pública Municipal, Director de Seguridad Pública Municipal, tres coordinadores, tres supervisores y dos elementos policíacos.

Asimismo, reveló que dentro de la carpeta de investigación se han realizado diversos actos de investigación entre ellos; 10 entrevistas a víctimas; 78 entrevistas a elementos de la policía municipal; 23 ampliaciones de entrevista a elementos policiacos; 5 entrevistas a servidores públicos municipales.

Asimismo, puntualiza que llevan 80 dictámenes periciales de diversas especialidades medicina, psicología, balística, valuación, química, análisis de videograbaciones, identificación, entre otras.

Además, la Fiscalía asegura que se rindió informe a las comisiones nacional y estatal de Derechos Humanos y Amnistía Internacional, se envió desglose a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión de la Fiscalía General de la República y a la Fiscalía Especializada contra la Libertad Sexual y el Libre Desarrollo de la Personalidad de la FGE.

De acuerdo con el comunicado, como parte de las investigaciones, también se da a conocer que de acuerdo con el análisis de los videos proporcionados por el C-4, por fuentes abiertas y cerradas, se pudo determinar la probabilidad de que integrantes de un grupo operativo de la policía municipal, hayan sido los que realizaron los disparos de arma de fuego.

En ese sentido, se refiere que derivado de lo anterior, después de 3 meses, se siguen analizando 89 armas de fuego a través del Sistema Integrado de Identificación Balística conocido como IBIS y del microscopio de comparación balística con que cuenta la FGE para lograr identificar a los autores materiales.

Asimismo, la Fiscalía asegura que las víctimas han sido asistidas por la asesoría jurídica victimal y se les proporcionaron medidas de ayuda inmediata y asistencia para su rehabilitación médica, psicológica y económica quedando inscritas en el Registro Estatal de Víctimas.

Destaca además que desde el 1 de diciembre cuentan con abogado particular.

“Todas estas acciones han sido en cabal cumplimiento a la normatividad que regula los derechos humanos de las víctimas y gestionadas por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado”, concluye el comunicado.

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