Por Itzel Chan
MÉRIDA, MX.- En Yucatán, legisladores locales propusieron  aumentar la penalidad de dos a ocho años de prisión y de doscientos a seiscientos días-multa al delito del comercio Ilícito de bebidas alcohólicas, ya que tan sólo en 2020 se reportó la muerte de al menos 20 personas por consumo de estas sustancias.
“Sabemos que endurecer las penas no es la solución, pero sí es un claro posicionamiento legal que deja claro que la salud y la vida de las y los yucatecos es importante y valiosa para este Congreso y para las autoridades correspondientes”, indicó la diputada Milagros Romero Bastarrachea.
Esta iniciativa plantea reformar diversas disposiciones al Código Penal del Estado en materia de comercio ilícito de bebidas alcohólicas y ebriedad.
Romero Bastarrachea recordó que Yucatán  ocupa el número uno a nivel nacional en intoxicación aguda por alcohol.
A manera de contexto recordó que en 2017, el estado registró un total de nueve mil 801 casos de intoxicación alcohólica; en el 2018 fueron 10 mil 312, mientras que en el 2019,  fueron nueve mil 603 casos.
Además, en relación al año pasado, hasta el corte de diciembre, fueron dos mil 418 personas intoxicadas, de acuerdo con datos del Boletín Epidemiológico del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica del Gobierno federal.
“Uno de los muchos factores que lleva al Estado a ocupar el primer lugar en intoxicación aguda por alcohol es la venta clandestina de vinos y licores que representa ingresos exhorbitantes a los que se dedican a este comercio ilegal”, explicó la diputada.
Incluso, manifestó que a pesar de la pandemia y la aplicación de la ley seca en diversas etapas durante el confinamiento por coronavirus (COVID-19), Yucatán siguió ocupando los primeros lugares en cuanto al consumo de alcohol.
“Ley Seca  generó como resultado que los números en intoxicación aguda por alcohol se vieran disminuidos, sin embargo, produjo que las ventas de alcohol clandestino en todo nuestro estado tuvieran un gran incremento. Aunque no hay una cifra exacta de la cantidad de negocios que se dedican a esta actividad ilegal la ubicación de estos establecimientos suele ser del dominio público”, agregó.
Durante 2020 hubo 20 muertes por bebidas adulteradas, dichos decesos ocurrieron en el Puerto de Progreso, Chuburná, Acanceh y mayormente en la ciudad de Mérida. (Noticaribe)
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