Por Rafael Briceño
CHETUMAL, MX.- Ante el incumplimiento del mandato judicial, habitantes de las comunidades de Guillermo Prieto, Caña Brava y Felipe Ángel, municipio de Othón P. Blanco otorgaron un plazo de 10 días a la Secretaría de Finanzas y Planeación para liberar los recursos autoridades por la XVI Legislatura, ya que de lo contrario tomarán las sedes de los tres poderes en el Estado.
Durante una manifestación realizada en el Congreso del Estado, aclararon que su única intención es que el gobierno de Quintana Roo libere los recursos para la introducción del servicio de agua potable, por lo que continuarán su lucha jurídica e interpondrán un recurso de inejecución de sentencia contra la secretaria de Finanzas, Yohanet Torres Muñoz por incumplimiento en la liberación de 100 millones autorizados por el Congreso del Estado dentro del paquete fiscal 2021.
Los habitantes mostraron copia de las carpetas básicas otorgadas por el Tribunal Agrario que reconoce a las tres comunidades como parte de Quintana Roo y de manera particular al municipio de Othón P. Blanco y a la alcaldía de Dos Aguadas.
Manifestaron que la secretaria de Finanzas no tiene elementos para afirmar que no pertenecen a Quintana Roo, “ya que incluso tenemos acreditaciones que nos ha dado el ayuntamiento de Othón P. Blanco que nos reconoce como habitantes quintanarroenses”.
Recordaron que la XVI Legislatura autorizó 100 millones de pesos para iniciar los estudios para la dotación de agua potable para los habitantes de las tres comunidades “pero la Sefiplan argumenta que, de acuerdo con la cartografía del Inegi, esas comunidades pertenecen al Estado de Campeche”.
Andrés Blanco Cruz, abogado de los habitantes de las tres comunidades, recordó un caso similar ocurrido con la comunidad de San Antonio Sosa cuyos habitantes, finalmente, pudieron contar con agua tras la resistencia inicial del gobierno de Quintana Roo.
Confirmó que este martes se presentó ante el juzgado Primero de Distrito un escrito mediante el cual se establece que el argumento de la Sefiplan ya es cosa juzgada. Lamentó que el gobierno de Quintana Roo no haya podido comprar la propiedad de la superficie en litigio aún con el apoyo de la Consejería Jurídica “y los habitantes de las comunidades hayan logrado el fallo a favor de los juzgados Sexto, Primero e incluso de un juzgado de Zacatecas.”
Dijo que interpondrán una inejecución de sentencia contra la Secretaría de Finanzas y se le dará vista a la Fiscalía General de la República para la destitución de la funcionaria y puesta disposición de un juez. (Noticaribe)