CIUDAD DE MÉXICO, MX.- La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una nueva carpeta de investigación por el posible desvío de más de 3 mil 500 millones de pesos provenientes de diversos fondos federales que, en 2015, fueron transferidos a la administración del entonces gobernador de Veracruz, Javier Duarte. El dinero fue extraído de las cuentas oficiales y nunca fue devuelto, publicó animalpolitico.com.
Con esto la suma de recursos posiblemente desviados en Veracruz ya supera los 66 mil millones de pesos. Es, por mucho, la entidad con el mayor monto de recursos públicos desaparecidos. Aunque la mayor parte del dinero mal manejado corresponde al periodo de Duarte, hay más de 2 mil 600 millones desaparecidos que ya corresponden al primer año del actual gobierno de Cuitláhuac García.
La nueva indagatoria de la FGR surge de la denuncia que el pasado 17 de febrero presentó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ante el Ministerio Público en contra de los funcionarios que resulten responsables de este desvío detectado hace seis años, pero que hasta ahora fue denunciado.
El informe de resultados de la auditoría de inversiones físicas 1475-DF-DS que dio pie a la denuncia, concluyó que el gobierno de Duarte desvió de su cauce legal un total de 3 mil 525 millones de pesos provenientes de seis fondos federales, destinados a obras de infraestructura, saneamiento sanitario, asistencia en casos de desastres, entre otros.
Como fue recurrente en dicha administración los auditores encontraron que la tesorería de la Secretaría de Finanzas del Estado no transfería a los municipios los recursos que recibía, o los retiraba de los fideicomisos o cuentas autorizadas creadas para ello. Esto con el supuesto objetivo de usar el dinero para cubrir otros gastos.
El retirar recursos federales de las cuentas autorizadas para ello es una práctica irregular pero relativamente frecuente en varios entidades. Sin embargo, lo grave en el caso de Veracruz, de acuerdo con los funcionarios de la ASF consultados por Animal Político, es que el dinero nunca se regresaba ni se probaba en qué se había gastado.
El informe de la auditoría destaca, por ejemplo, la desaparición de 2 mil 750 millones de pesos del denominado Fondo de Contingencias Económicas que deberían destinarse justo a gastos emergentes, pero que la administración estatal retiró del banco sin probar para que lo usó.
“No se acreditó documental, contable, financiera, administrativa y presupuestalmente el destino, aplicación y erogación de dicho importe (…) los recursos se retiraron indebidamente de la cuenta específica y exclusiva para llevar el registro, control y rendición de los recursos para el fortalecimiento financiero del Gobierno del Estado de Veracruz”, indican en su reporte los auditores.
Exactamente lo mismo sucedió con 104 millones 637 mil pesos del denominado Fondo Regional, y 30 millones de pesos del Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable, que la administración de Duarte retiró de las cuentas autorizadas y nunca los devolvió.
Los auditores también identificaron que el gobierno de Veracruz indebidamente 143 millones de pesos que la Secretaría de Hacienda federal le transfirió para que, a su vez, fueron dispersados hacia los fideicomisos públicos de Administración e Inversión de las Zonas Metropolitanas de Acayucan, Coatzacoalcos, Veracruz y Xalapa. Dicho recurso tampoco fue devuelto a la federación.
Sumado a lo anterior los auditores identificaron que, en algunos contratos de obras hidráulicas pagados con los recursos transferidos, se etiquetaron pagos por materiales que no se utilizaron ni localizaron, lo que permite presumir que se trató de una simulación para justificar la erogación de dichos recursos.
Implicado, perdonado y ahora prófugo
De acuerdo con el dictamen técnico incluido en la denuncia presentada ante la FGR, el principal responsable del manejo de los recursos públicos desviados en Veracruz es el extesorero de la Secretaría de Finanzas estatal y exdiputado federal del PRI, Antonio Tarek Abdalá Saad.
Tanto en esta denuncia, como en las otras 61 que ya ha presentado la Auditoría en contra de la administración de Duarte (cifra récord para cualquier ente público del país), los auditores identifican a Tarek como el funcionario que autorizó el movimiento del dinero para fines ajenos a lo que estaba programado.
Sin embargo, pese al cúmulo de denuncias en su contra, la Fiscalía General no ha podido proceder en su contra debido a que en noviembre de 2018, unos días antes de que concluyera el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, la entonces PGR le concedió un criterio de oportunidad gracias a una declaración en la que reconoció que los desvíos existían pero que se los había ordenado Javier Duarte.
El efecto de dicho criterio fue “exonerar” a Tarek Abdalá de 43 posibles cargos de peculado que para ese momento ya pesaban en su contra. Sin embargo, dicho criterio se le concedió sin reclamarle un solo peso de reparación del daño pese a que así lo exigía la ley, situación irregular que ahora es investigada por la FGR.
Actualmente el extesorero está prófugo de la justicia y su paradero se desconoce. Esto luego de que en abril de 2020 un juez del estado de Veracruz giró una orden de aprehensión en su contra a petición de la Fiscalía de dicha entidad, por su participación en el esquema de desvío de recursos a través de empresas fantasma que Animal Político reveló desde 2016.
Y aunque se le exoneró de cargos penales a nivel federal, Tarek tiene en curso 64 procesos administrativos impulsados por la propia ASF. Ocho de ellos ya fueron resueltos en contra de Tarek quien debe pagar 208 millones de pesos, cosa que tampoco ha hecho.
¿Dónde está el dinero?
De acuerdo con datos del Sistema Abierto de Auditoría de la ASF, el monto de recursos observados por malos manejos en Veracruz y que deben ser regresados a la Secretaría de Hacienda asciende a 66 mil 336 millones de pesos. Es, por mucho, la entidad federativa con la mayor cantidad de dinero desaparecido.
La mayor parte de ese monto corresponde al periodo de gobierno de Javier Duarte con más de 58 mil millones de pesos. Pero a ellos ya se suman 2 mil 685 millones de pesos posiblemente desviados en el año 2019, el primero de la administración del actual gobernador Cuitláhuac García. A ellos se suman 2 mil 400 millones de los dos años del gobierno de Miguel Ángel Yunes.
Lo que hasta ahora no se ha podido esclarecer pese a las numerosas investigaciones emprendidas contra la administración de Duarte, es el destino final de los recursos desviados. Como ya se dijo, el principal operador de los malos manejos fue perdonado sin que esclareciera este hecho y actualmente está prófugo.
En el caso de Javier Duarte, aunque está preso y sentenciado desde hace tres años y medio su proceso por lavado de dinero y asociación delictuosa fue por un caso ajeno a los desvíos reportados por la ASF. Exsecretarios de finanzas de su administración han sido vinculados a proceso, pero aún no hay condenas.
Lo anterior también ha ocasionado que la mayor parte de los recursos mal manejados no hayan sido devueltos al erario.
En 2018 Animal Político reveló que poco más de 3 mil 600 millones de pesos desviados terminaron en una amplia red de empresas fantasma implicadas en financiamiento ilegal a la campaña electoral del PRI en 2012, y a la adquisición de diversas propiedades.(Fuente: animalpolitico.com)