Por Rafael Briceño
CHETUMAL, MX.- Estudiantes de la carrera de Ciencias de la Salud de la Universidad de Quintana Roo denunciaron que la institución y la Secretaría de Salud violentan los derechos humanos de las médicos de Pregrado al enviarlas como carne de cañón a comunidades y áreas en condiciones que ponen en riesgo sus vidas, seguridad e integridad física y emocional, dejándolas sin respaldo o sin ninguna protección académica, legal o institucional.
A través de sus redes sociales, en un llamado al gobernador Carlos Joaquín González, Grecia Uribe manifestó que “imaginen que están a punto de concluir la carrera que les apasiona y para poder hacerlo las envían a una comunidad que queda a dos horas y media de camino, en donde no hay partida policial ni señal de internet ni teléfono idónea por lo que no podrían mantenerse en contacto con su familia ni hijos y si algo les llegara a pasar se enterarían hasta que la desgracia se hubiese consumado”.
Dijo que las médico de pregrado deben cubrir horarios de 24 horas de trabajo por 24 de descanso (que prácticamente se usan para dormir); tienen que acceder a dejar a sus hijos sin la compañía de su madre, sin supervisión escolar (puesto que por el COVID toman clases desde casa y dado que el internet en la comunidad no es bueno, no es opción el llevarlos consigo).
El único sustento familiar es su pareja y si los menores se quedan sin ninguna supervisión, tendría que dejar el trabajo (pero él es el único proveedor de quien depende la educación y subsistencia de ustedes mismas y de toda la familia), señaló.
Manifestó que la Secretaría de Salud y la Universidad de Quintana Roo simplemente se limitan a decir que el Servicio Social es obligatorio y no acceden a autorizar el cambio porque simplemente las cuestionan por haber decidido ser madres y querer ser médicas “así que es como un castigo el ser madres y querer ser profesionistas”.
Los contextos de las estudiantes de Medicina de la Universidad de Quintana Roo no son tomados en cuenta y las obligan a aceptar condiciones que afectan su integridad, pues ha habido ocasiones en que las prestadoras de servicio social han intentado ser violadas o abusadas sexualmente en las comunidades y ni la SESA ni UQROO se hacen responsables “están esperando que pase una desgracia para después salir a decir que no sabían nada, pero hay diversos oficios, solicitudes y peticiones sobre el caso”.
Exigimos al Gobierno de Carlos Joaquín que tome cartas en el asunto. Que las mujeres dejemos de ser violentadas en todos los contextos y que las instituciones educativas y de salud en el Estado tengan un poco de empatía, perspectiva de género y enfoque en derechos humanos. (Noticaribe)
