Por Rafael Briceño
CHETUMAL, MX.- Además de confirmar que fueron despedidos bajo presión, sin que les pagaran lo establecido por la ley, ex trabajadores de la Agencia de Proyectos Estratégicos de Quintana Roo (Ageproo) dieron a conocer la existencia de asesores, entre ellos el ex diputado del PAN y ex candidato a la presidencia municipal de Othón P. Banco, Fernando Zelaja Espinosa, con un sueldo mensual bruto de 65 mil pesos .
Víctor Sánchez, ex coordinador técnico en la delegación de Cancún, lamentó que se hostigue a una arquitecta chetumaleña tan conocida como Araceli Muñoz Sabido, por parte de coordinadores recién llegados al estado que carecen de la sensibilidad en el trato con los trabajadores.
“Esto se le salió de las manos a funcionarios menores que están operando aquí y que no se dan la tarea de acercarse a la gente”, declaró. “Como no está el titular ni el coordinador general, le dejan lo difícil a funcionarios menores, como coordinadores, que es gente que no conoce Chetumal ni a quienes empujaron para que se diera el cambio”.
En su caso particular, indicó que él ingreso hace dos años, por “ideología política”. Desde un inicio sabía que tendrían que darse recortes, por temas de estructura, pero “no se estableció una estrategia sensible para que todos se fueran tranquilos”, por el contrario, rehúsan liquidar conforme a la ley a quienes obligan a renunciar.
Hace un mes, a él le pidieron una lista de funcionarios para que renunciaran y al negarse, fue él a quien se le pidió darse de baja. Él aceptó y no había dicho nada hasta ahora, cuando vio el trato que le están dando a Araceli Muñoz.
Afirmó todavía apoyar al gobernador, pero no puede tolerar que se permita a funcionarios insensibles despedir gente sin miramiento, especialmente a chetumaleños con 10 o 15 años de antigüedad, muchos de los cuales impulsaron al gobierno actual.
Una de estas trabajadoras es Agripina Yesesnia Quintal Sánchez, con 15 años de antigüedad, quien se desempeñaba como jefa de oficina hasta que en febrero Ana Laura Bolivar le exigió su renuncia, por supuesta “falta de disponibilidad”, lo que dijo que es falso, pues ella laboraba de 9 de la mañana a 6 de la tarde, de manera presencial como se lo exigían, sin respetar el decreto del gobernador.
Acusó que hubo una presión por parte del coordinador jurídico, también de Puebla, quien le dijo que firmara y evitara problemas, pues si se negaba sería una pérdida de dinero y tiempo, lo que accedió.
Tampoco había hablado de su vivencia, hasta que vio ayer lo ocurrido con la directora de Gestión Territorial.
“No es el puesto, esos van y vienen, sino la manera en que lo hacen y el hostigamiento en que incurren”, declaró, añadiendo que en su caso ella se enfermó de COVID-19 en septiembre y pese a ello le insistían en que trabajara. Al no hacerlo, le descontaron las semanas en que convalecía.
También confirmó que es una “operación” por parte de estos funcionarios, pues al día siguiente de la renuncia de alguien, ya tienen listo a otro en su lugar. (Noticaribe | Agencia SIM)
