Por Itzel Chan
MÉRIDA, MX.- Yucatán y Quintana Roo forman parte de los nueve estados en los que en esta primera semana se registraron hechos relacionados con violencia política, ya sea que las personas candidatas se encuentran como víctimas o bien, que son denunciadas por ser quienes las ejercen.
De acuerdo con un monitoreo realizado desde el 2 de abril al 4 del mismo mes, los estados en los que se registran los primeros hechos son Baja California, Chihuahua, Colima, Oaxaca, Zacatecas, Estado de México, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.
Denunciado el candidato del PRI en Kanasín
En el caso de Yucatán, se trata de una denuncia hecha por el colectivo Mujeres Todas, en el que ampliaron un proceso de denuncia ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac) en contra de William Pérez Cabrera, alcalde de Kanasín, quien busca reelección por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Además, este candidato ya fue sancionado por el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán (TEEY), por ejercer violencia política en contra de la síndico municipal, por lo que esta denuncia servirá para que no continúe con la candidatura.
Hay que recordar que las integrantes de la Agenda de las Mujeres por la Igualdad Sustantiva en Yucatán (Amisy) ya han dicho que están en contra de la reelección de los alcaldes de Maní, Kanasín y Chichimilá, acusados de violencia de género y violencia política.
Otros aspirantes de Yucatán denunciados
Su rechazo sobre las posibles postulaciones se debe a que Aarón Interián Bojórquez de Maní, William Pérez Cabrera de Kanasín, y Samuel Uc Poot de Chichimilá, fueron denunciados por violencia de política de género.
Candidata de Tulum pide protección
En el caso de Quintana Roo, se trata de Emelia Patricia de la Torre Ortiz, regidora con licencia y candidata a la presidencia municipal del municipio de Tulum, por el partido Movimiento Ciudadano.
Emelia, mediante oficio con fecha del pasado 25 de marzo, solicitó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, medidas de protección y seguridad, como consecuencia por las amenazas que ha recibido.
Su caso, por ejemplo, ya ha sido tratado en la Mesa de Paz y actualmente lleva el proceso la Fiscalía General del Estado (FGE). (Noticaribe)
