CHETUMAL, MX.- El diputado Edgar Gasca Arceo presentó una iniciativa para considerar como delito en el Código Penal del Estado la venta, transporte u oferta de vacunas falsas, adulteradas o no autorizadas por la Comisión Federal de Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).
Señaló que tomó esa decisión ante la aparición de la comercialización de vacunas falsas en el estado y explicó que en su propuesta considera sanciones de prisión de cinco a siete años, e incrementará hasta una mitad, cuando el delito lo cometa un profesional de la salud y con la suspensión de su cédula profesional y licencia comercial por 10 años para el derecho de ejercer su profesión y comercio.
Detalló que la iniciativa tiene como objetivo prevenir que estafadores busquen enriquecerse de forma ilícita aprovechándose de la situación de emergencia sanitaria, pues la vacuna es un bien preciado en este momento, ya que algunas personas han solicitado información de su comercialización, con el fin de no esperar el turno que les corresponde para su vacunación, ya sea por edad o por lugar de origen y en donde en Quintana Roo no ha concluido con la inmunización de las personas de la tercera edad y del personal médico de primera línea.
“Se consideraría como delito cuando las vacunas sean falsificadas, alteradas, contaminadas o adulteradas, o que no estén autorizadas por la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, incluso aunque las vacunas sean verdaderas u originales y autorizadas no se entreguen en términos de lo pactado”, indicó.
En este sentido, ya hubo antecedentes, como como el del pasado 14 de enero, cuando hubo el reporte oficial de la desaparición de cuatro dosis de la vacuna contra el coronavirus, las cuales no fueron ubicadas en el Hospital General Dr. Carlos Calero Elorduy del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Por este motivo, las autoridades responsables del Instituto en el estado comenzaron una investigación al respecto, mientras sus similares de Puebla han decidido tipificar esta conducta como un delito, mientras que estados como Nuevo León y Tabasco están en vías de aprobarla.
“Con la aprobación de la actual propuesta, no sólo caminaríamos hacia la prevención de las conductas que hoy en día ya ocurren en distintas localidades de nuestro país, sino que Quintana Roo estaría a la vanguardia en la aprobación de un tipo penal que tiene como fin cuidar a los quintanarroenses del actuar de los estafadores”, aseveró Gasca Arceo. (Infoqroo)