VERACRUZ, MX.- Los jóvenes Baruch Grajeda García y Francisco Javier Vargas García, entonces de 20 y 27 años, fueron “levantados” de su domicilio el 11 de julio del año 2016. La entonces Procuraduría General de Justicia de Veracruz abrió la carpeta de investigación UIPJ/DJ-XVII/F1/872/2016, durante el ocaso del gobierno de Javier Duarte, publicó Proceso.
Durante varios años, familiares de Grajeda García y de Javier Vargas hicieron la búsqueda por cuenta propia. En marzo del 2017, ya en el gobierno del panista Miguel Ángel Yunes Linares, la Fiscalía General del Estado (FGE) notificó que los restos óseos de ambos jóvenes habían sido encontrados en el cementerio clandestino de Arbolillo, en Alvarado, en una zona cercana a la playa y a un sistema lagunar donde han sido exhumados más de 246 cuerpos.
Ayer, el señor, Marcos Josafat Grajeda Hernández, padre de Baruch Grajeda, dio una rueda de prensa para quejarse de que en la administración de Jorge Winckler Ortiz –fiscal propuesto por Yunes Linares– se hizo una mala integración de la carpeta de investigación, se incurrió en omisiones, hubo desaparición de evidencias y otras irregularidades. Y de las cuales la actual fiscal, Verónica Hernández Giadáns, ya no se quiere hacer responsable, dijo.
“Los cráneos que nos dieron sí pertenecen a mi hijo y a mi sobrino, pero los esqueletos no. Se nos hace algo aberrante y monstruoso”, se quejó Josafat Grajeda.
Recordó que fue el 13 de marzo del 2017 cuando el exfiscal Winckler –hoy prófugo de la justicia– personalmente le informó que los restos de sus familiares habían sido encontrados en las fosas clandestinas de la localidad de Arbolillo.
Posteriormente, el 24 de mayo de 2017 se publicaron notas periodísticas en donde aseguraban tanto la FGE como la división científica de la Policía federal que se tenían los comparativos genéticos, tanto de Baruch Grajeda García como de Francisco Javier Vargas García, subrayando que fueron de palabra, sin mostrar documento alguno que lo comprobara, por lo que solicitaron exámenes externos en laboratorios genéticos especializados y particulares, tal y como lo señala el artículo 12 de la Ley General de Víctimas.
“El pasado mes de marzo, nos entregaron los resultados, donde nos señalan que sólo los cráneos resultaron positivos y los demás restos pertenecen a otros dos cuerpos diferentes a nuestros familiares”.
La familia de los jóvenes Baruch Grajeda García y Francisco Javier Vargas García exigen que tanto Winckler Ortiz como los funcionarios de la Fiscalía que participaron en esta aberración sean sancionados.
Un caso similar
En febrero pasado, Margarita Reyes Hernández hizo una denuncia similar, pues tras meses de investigaciones propias, tiene dudas de que los restos óseos que sepultó en el panteón de “La Santísima Trinidad” en Poza Rica, al norte de Veracruz, correspondan a los de su hija, la ingeniera química Claudia Reyes Reyes, secuestrada el 4 de abril de 2017 y encontrada muerta seis meses después en las inmediaciones de un cerro que rodea la carretera Bicentenario en Coatzintla.
Las dudas y zozobra que asaltan a Margarita Reyes tienen sustento: el 15 de octubre del 2020, integrantes de Colectivos de Desaparecidos y empleados de la Fiscalía Regional de Poza Rica hicieron una inspección en el Parque Bicentenario de Coatzintla, un cerro con una bajada de 150 metros. Ahí, en las mismas coordenadas donde fueron hallados los restos de Claudia Guicel se encontraron huesos humanos correspondientes a dedos, costilla y un fémur de tamaño muy similar al de la ingeniera Claudia Guicel.
“Los huesos estaban ahí a la intemperie. Sin ningún rastro de haber sido sepultados. Ese mismo día los de la Fiscalía de Poza Rica los recogieron, desde ese día no puedo estar en paz, al cotejar las coordenadas del hallazgo, con las mismas donde fue hallada mi hija en octubre del 2017 son las mismas (…) La Fiscalía la única explicación que tiene es que está investigando. Se llevaron los huesos a Xalapa y al día de hoy no obtengo respuesta”.
Margarita Reyes muestra la fotografía de los restos que personal del Servicio Médico Forense le entregó en octubre del 2017: un cráneo, los huesos correspondientes de las piernas de la rodilla para abajo, dos fémures, el brazo izquierdo completo, el derecho incompleto, el tórax, una costilla y nada más.
“En 2017, me dieron una pulsera que ella portaba, su credencial de elector legible aún. Un pantalón que era de ella y una sudadera que no (sic). Yo ya estoy con la duda que realmente me hayan dado a mi hija, o los restos de mi hija combinados con otra persona”, expone Reyes Hernández.
En la inspección del 2020, trece personas, entre integrantes de colectivo de desaparecidos y elementos de la Fiscalía Regional de Poza Rica encontraron diversas prendas de vestir, residuos de pañales de bebé y basura. Entre las prendas, Margarita reconoció credenciales, unas botas y ropa que también pertenecieron a su hija, Claudia.
En este viacrucis de dolor en la búsqueda de Claudia Giselle Reyes Reyes, Margarita Reyes se volvió una experta investigadora. Con la Fiscalía negándole información, la señora documentó que en ese mismo cerro fueron encontrados otros dos cuerpos en ese mismo año, pero estos cuerpos estaban sepultados.
“El fiscal David Castañeda Ortega me habló y me dijo que habían encontrado los restos de mi hija; jamás me quiso dar las coordenadas de dónde, el punto exacto. Con la ayuda del colectivo lo indagamos nosotros, fue hasta apenas hace unos meses que lo logramos y fuimos al punto y mire lo que nos encontramos, huesos, restos y un fémur muy parecido al de mi hija”.
Margarita Reyes exige a la Fiscalía General del Estado que agote todas las pruebas existentes y coteje todos los restos óseos víctimas de secuestros y desaparecidos hallados en esas fechas.
Actualmente –le dijeron a Reyes– hay una mesa de trabajo en la Dirección de Servicios Periciales del Estado para “analizar” y saber el cúmulo de negligencias y omisiones que se cometieron en el trato y traslado de estos restos óseos de un secuestro y privación de la vida ocurrido en el bienio del panista Miguel Ángel Yunes Linares, y cuyo fiscal a cargo era Jorge Winckler Ortiz, hoy prófugo de la justicia y acusado de desaparición forzada y tortura.
Durante la gestión de Winckler Ortiz existieron decenas de quejas por simular que la Fiscalía a su cargo sí investigaba las desapariciones y avanzaba en la identificación de cuerpos. Con el hoy prófugo también hubo múltiples quejas de desaparecidos de colectivos por el desaseo y omisiones que se realizaban al momento de exhumar y tratar restos óseos.
Con la actual administración de la fiscal Verónica Hernández Giadáns las quejas por no investigar las desapariciones forzadas y no avanzar en la identificación de restos óseos continúan, sin que Hernández quiera dar detalles a los Colectivos de Desaparecidos, ni dar la cara a la prensa. (Fuente: Proceso)
