CHETUMAL, MX.- Tal como ocurrió con la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, también la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) acreditó a destiempo a su representante para la audiencia de desahogo de pruebas, por la queja interpuesta por Campeche, por las obras hídricas proyectadas para comunidades de la zona limítrofe.
Lo anterior figura en los estrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y fue dado a conocer por el abogado Andrés Blanco Cruz, representante de las comunidades de Caña Brava y Guillermo Prieto, quienes ganaron un amparo para obligar al gobierno quintanarroense a realizar estas obras para darles agua potable, por tratarse de un derecho humano.
Por estar en la zona limítrofe, actualmente en disputa, Campeche interpuso un recurso de queja ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al considerar que se vulneraba la suspensión otorgada, contra cualquier cambio en la soberanía de estas tierras, en lo que de desahoga este añejo litigio.
En días pasados, Andrés Blanco Cruz denunció que la Consejería Jurídica de Quintana Roo presentó documentales fuera de tiempo, quedando fuera de esta audiencia, a lo que ahora se añade el reclamo porque idéntica situación ocurrió con CAPA, lo que ya genera en el abogado la sospecha de que se trata de una acción concertada para perder el litigio y evitar así realizar estas obras, o bien de un extrema muestra de indiferencia hacia la defensa de la soberanía estatal.
Cabe destacar que el titular de la Consejería Jurídica, Jesús Antonio Villalobos Carrillo, manifestó en un escrito entregado a algunos medios de comunicación que las pruebas entregadas por Quintana Roo sí fueron incluidas en el expediente y fueron parte del proceso de desahogo.
Lo que no menciona, indica Blanco Cruz, es que la acreditación de la delegada enviada para esta audiencia fue entregada cinco horas después del inicio de la audiencia, realizada vía Zoom el pasado 13 de abril, por lo que quedó excluida de este proceso.
“De por sí, en un tema de esta relevancia, debió acudir el propio titular a defender la evidencia entregada, pero en su lugar envió a una delegada, que no llegó porque no le prestan atención al caso”, indicó. “El 19 de marzo le dieron tres días para que acreditara a una persona para estar en la audiencia, y debieron enviar la copia de la credencial de elector y otros requisitos; sin embargo, el documento llegó a la 1:04 de la tarde, cuando la audiencia fue a las 10 de la mañana. No hay justificación alguna, sobre todo cuando tienen un presupuesto millonario, de más de 21 millones de pesos en 2021”.
“¡Ya quisiera ver que alguien contrate a un abogado que solo lo defienda entregando un escrito, pero sin acudir a la audiencia!”, reclamó.
En el caso de CAPA, en estrados figura el escrito del ministro instructor, Jorge Mario Pardo Rebolledo, en donde se indica que la acreditación para el representante legal de esta paraestatal arribó el 19 de abril, es decir seis días después de realizada esta audiencia vía Zoom. Aunado a ello, el documento fue enviado por correo dos días después del plazo máximo otorgado por la Suprema Corte.
El abogado negó que este litigio esté separado del conflicto limítrofe con Campeche, toda vez que la queja del vecino estado es que se está alterando la suspensión otorgada por la corte, al atender a estas comunidades como quintanarroenses. Luego, su pretensión es que estas comunidades son campechanas.
El ex regidor lamentó que por tratarse de comunidades marginadas, no existe interés real por parte de ninguno de los estados en atenderlos, solo entablan litigios “con fines mediáticos y electorales”. (Agencia SIM)
