Por Itzel Chan
MÉRIDA, MX.- El estudio denominado “El virus de la arbitrariedad”, realizado por el equipo de Elementa DDHH, identificó que en estados como Jalisco, Guanajuato y Yucatán, en medio de la contingencia por coronavirus (COVID-19) han registrado casos de violación a derechos humanos y sobre todo, detenciones arbitrarias por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
El estudio ha revelado que en el caso de Yucatán entre marzo y agosto de 2020, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán reportó 84 quejas en contra de cuerpos policiales de 18 municipios, así como contra el cuerpo estatal.
A manera detallada, el estudio registra que en el estado ha habido 30 quejas en contra de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, más otras 20 contra la policía municipal de Kanasín; cinco más contra el cuerpo policial de Celestún, tres más para Mérida, Cenotillo, Chacsinkín, Dzizantún y Progreso y dos quejas contra los policías de Hoctún, Tixpehual y Kantunil.
Los municipios en los que se recibió una queja cada uno también para los cuerpos policiacos son Tecoh, Halachó, Ucú, Yaxkukul, Hunucmá, Homún, Yaxcabá y Xocchel.
De igual forma, hay siete quejas contra la Fiscalía General del Estado (FGE), mismas que reportan 10 violaciones a los derechos humanos, por lo que la más común fue la dilación o negligencia administrativa en el proceso jurisdiccional.
En cuanto a las quejas, las más comunes tuvieron que ver con una prestación indebida del servicio, detenciones arbitrarias y allanamiento de morada.
De igual forma, hubo quejas por violación de derechos de la niñez, derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, también la falta de respeto de derechos de las personas con discapacidad y de las personas adultas mayores.
En el estudio que recién fue dado a conocer, fue confirmado que en estas tres entidades las autoridades decidieron hacer uso de las corporaciones policiacas en sus estrategias para tratar la emergencia contra coronavirus.
Una de las quejas más frecuentes consistió en la restricción vehicular, pues en los últimos meses sólo se permitió la circulación de vehículos desde las 5:00 de la mañana hasta las 22:30 horas.
Además, la ciudadanía estuvo en contra de los constantes decretos de ley seca en Yucatán.
El estudio que estuvo a cargo de Enrique Gallegos Madrigal y Carlos Camargo Pinzón, comunica que en los tres estados ha sido común utilizar las fuerzas de seguridad para hacer cumplir medidas sanitarias, lo cual propició violaciones a los derechos humanos, pero no por efecto directo de la pandemia, sino porque estas prácticas ya estaban arraigadas en las actuaciones de las policías municipales y estatales. (Noticaribe)
Comentarios en Facebook
