Por Itzel Chan
MÉRIDA, MX.- En Yucatán, más de 90 mujeres posaron para la lente del fotógrafo de nombre Alberto N. y ahora es denunciado por compartir parte de dichas sesiones para una red de pornografía en México, por lo que piden que le sea aplicada la Ley Olimpia.
Una de las mujeres que ha sido víctima de estos hechos y que ha denunciado, incluso de manera legal, es Michell Cherriz, quien recordó que fue fotografiada sin ser mayor de edad.
“Él al inicio era bueno conmigo y un día me invitó a tomarme fotografías. Las fotos eran en lencería a pesar de que yo era menor de edad. Reconozco que yo tenía baja autoestima, por lo tanto, era muy fácil de manipular”, recordó Michell.
Recuerda que el fotógrafo ambientó las condiciones, de tal modo que la sesión para la que ella posaba fuera subiendo de nivel.
“Al final me pidió quitarme la parte de arriba de la lencería, fueron fotos muy incómodas para mí, esa fue la primera vez y la segunda vez que me invitó y acepté, fue con la misma temática, pero la situación fue más forzada”, recordó.
Las fotografías a las que se refiere fueron tomadas en 2017, pero dos años después comenzó a circular la noticia de que las fotos que eran tomadas por Alberto N. habían sido compartidas a una red de pornografía en México, que también ha sido denunciada para que desaparezca, puesto que suelen usar material que no está autorizado por las mujeres que en ellas salen.
“Un día me levanto y veo en Facebook denuncias sobre que este fotógrafo vendía las fotos y ya se estaban subiendo a la página donde difunden el contenido. Le llamé para preguntarle si mis fotos estaban ahí y dijo que no”, compartió.
Hoy en día se trata de 90 mujeres que han levantado la voz y aseguran ser víctimas de hechos parecidos en este sentido, puesto que con confianza posaron para dicho fotógrafo, pero se enteraron que luego sus cuerpos circulaban en la red.
“Para mí fue muy fuerte enterarme de algo así. Mi familia no estaba enterada para nada de la situación. Una mañana vi mi nombre publicado en la red y le llamé gritando. Esas fotos tenían dos años guardadas y fueron publicadas, no entendía por qué las seguía teniendo”, indicó.
La situación ocasionó que, de un momento a otro, Michell recibiera muchas solicitudes de amistad en sus redes sociales de hombres que terminaban acosándola.
A pesar de que logró interponer una denuncia por pornografía infantil, su abogada abandonó su caso.
“Yo no había sufrido de ansiedad antes, pero ahora sí reconozco que sufrí de ansiedad a raíz de la situación. Luego tuve que decirle a mi familia un poco del caso por si les llamaban para chantajearlos y extorsionarlos”, señaló.
Actualmente son alrededor de 30 chicas las que continúan con el caso de denuncia, pues no consideran justo lo que este fotógrafo hizo con el material que sólo le habían autorizado a él tomar.
De acuerdo con otros testimonios, llegaron a saber que las fotos fueron vendidas en 150 pesos aproximadamente a una red de pornografía.
Incluso, el portal del que ha sido sugerido por colectivos feministas que no se nombre en notas periodísticas porque es publicidad, sí denomina como tal que las fotos corresponden a sesiones pornográficas tomadas por Alberto N.
Ante esta situación, las mujeres que han sido afectadas buscan la manera de que el fotógrafo yucateco sea castigado con la Ley Olimpia, recientemente aprobada por el Senado de la República y por las y los diputados.
Dicha ley precisamente busca sancionar a las personas que envían fotografías y videos de índole sexual sin consentimiento de quien aparece en él.
Es decir, la Ley Olimpia ha introducido el término de la “violación a la intimidad sexual” en el Código Penal Federal.
De esta forma también será aplicada la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que castiga el uso de tecnologías para exponer, distribuir, exhibir, transmitir, intercambiar o compartir imágenes, audios o videos de contenido sexual de una persona sin su consentimiento.
Las penas para quienes realizan este acto van de tres a seis años de prisión, pero puede ascender hasta nueve años si quien comete el delito es una persona servidora pública o si se trata de alguien que tuvo una relación sentimental con la víctima. (Noticaribe)