Por Itzel Chan

MÉRIDA, MX.- Tras las elecciones pasadas, integrantes de la Agenda de las mujeres por la Igualdad Sustantiva en Yucatán (Amisy) han dado a conocer que no quitarán el dedo del renglón y en este caso darán seguimiento a tres candidatos electos que tienen denuncias de diversos tipos, desde violencia institucional hasta apropiación de tierras.

A través de una conferencia de prensa virtual, las integrantes de Amisy compartieron los resultados del monitoreo que realizaron en la reciente jornada electoral.

En este sentido, recordaron que ejecutaron los lineamientos de la iniciativa Observatoria Ciudadana, capítulo Yucatán, la cual permitió colocar en antiboletas al menos a cuatro candidatos a alcaldías, de los cuales, el representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) resultó ganador en Motul.

Se trata de Roger Aguilar Arroyo, quién ya tuvo un periodo como alcalde de Motul y a partir de este proceso electoral habría sido reelecto, sin embargo, él tiene una denuncia por violencia institucional y política, además que ha sido señalado por hacer comentarios machistas, sexistas y misóginos

Otros casos, además de este candidato, están relacionados con quienes resultaron electos para las diputaciones federales en los distritos l y ll, con sedes en Valladolid y Motul, respectivamente.

Un caso es el de Sergio Enrique Chale Cauich, quien en representación del Partido Acción Nacional (PAN) se postuló como diputado por el Distrito l, pero las mujeres de Amisy denunciaron que violó leyes por contar con un contrato de trabajo por honorarios con el Consejo Distrital Federal del Instituto Nacional Electoral (INE) en Valladolid y no renunció al mismo durante la contienda electoral.

El otro caso tiene que ver con el candidato electo del Partido Verde Ecologista, Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y Partido del Trabajo en el Distrito Federal ll, Mario Xavier Peraza Ramírez, pues durante la administración del gobernador Rolando Zapata Bello se apropió de reservas territoriales en
Dzilam de Bravo, Celestún y otros municipios.

Al respecto, las mujeres indicaron que irán por las vías legales para que estas personas no ocupen sus cargos.

“En el caso de quienes tienen demandas judiciales hay tiempo para que la sociedad le exija a la instancia ante la cual está presentada la denuncia que acelere las investigaciones y que esta carpeta sea el juez quien dicte una sentencia sino tendríamos que interponer un juicio ante el Congreso de la Unión y que respondan a la acusación penal que tienen antes de ser electos”, puntualizó Eugenia Núñez Zapata, presidenta de Amisy.

Asimismo, indicó que el INE también deberá responder por lo sucedido en relación con el diputado que tenía un contrato. (Noticaribe)

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