Por Rafael Briceño
CHETUMAL, MX.- El Poder Judicial de Quintana Roo da por un hecho que comunidades ubicadas en la zona limítrofe, y en particular San Antonio Sosa, pertenecen a Campeche aún cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no ha emitido ninguna sentencia definitiva de la Controversia Constitucional, lamentó el abogado Andrés Blanco Cruz.
Explicó que el Juez de Instrucción del Juzgado Familiar y Civil Oral del Distrito Judicial de Chetumal, al responder el exhorto número 182/2021 relativo a un juicio de controversias del orden familiar, hace constar en el documento de manera textual que en el juicio promovido por la parte afectada que dicha comunidad pertenece al Estado de Campeche.
Lamentó que el Poder Judicial en Quintana Roo dé por sentado que las comunidades inmersas en el conflicto limítrofe pertenecen a Campeche, en especial la de San Antonio Soda, a la cual un Juez Federal otorgó un amparo para acceder al agua potable.
Recordó que en 2017, tras ganar el amparo de esta comunidad perteneciente a Othón P. Blanco, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, inauguró el Sistema Integral de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado, en el que se invirtió aproximadamente 51 millones de pesos, para beneficio de mil 914 habitantes de estas demarcaciones.
“Es contradictorio y lamentable que mientras los Jueces Federales reconocen tanto a San Antonio Soda, como a las comunidades de Guillermo Prieto, Felipe Ángeles y Caña Brava, como quintanarroenses, otorgándoles amparos a favor de los habitantes en su lucha por acceder a agua potable, sean los propios Jueces del Poder Judicial de Quintana Roo, quienes en documentos oficiales señalen lo contrario”, afirmó.
Dijo que una vez más queda en evidencia que tanto los poderes del Estado como las mismas dependencias gubernamentales poco o nada les importa las comunidades en litigio con Campeche y únicamente simulan trabajar en este tema, “toda vez que la defensa legal del territorio ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene que ir acompañada por acciones de gobierno o actos de autoridad en la región limítrofe de nuestro Estado, es decir los tres poderes en el ámbito de sus facultades tienen que tomar las medidas necesarias para atender las comunidades que se encuentran inmersas en el conflicto territorial.” (Noticaribe)