En Yucatán, presionan de forma pública a legisladores para que aprueben matrimonio igualitario, tras dictamen en Sinaloa 

MÉRIDA, MX.- Tras la aprobación del matrimonio igualitario en Sinaloa, diversos colectivos en Yucatán comenzaron una protesta pacífica, de modo que la noche de ayer iluminaron con proyecciones de exigencia tanto las paredes del Congreso del Estado, como el conocido Monumento a la Patria.

Las frases que fueron proyectadas exigían: ¡Matrimonio igualitario ya! y “6 años después Yucatán sigue diciendo no al amor”, sobre todo, cuando amparos siguen en análisis en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Debido a que diversas protestas de este tipo de exigencia han sido recriminadas por el Gobierno del Estado, en esta ocasión, las personas que piden sean tomados en cuenta sus derechos, hicieron un tipo de protesta silenciosa y pacífica, de modo que en lugar de pancartas e intervenir las instalaciones, esta vez sólo realizaron proyecciones.

A pesar de que cada vez son más estados los que se suman a la aprobación de leyes que permiten que dos personas del mismo sexo contraigan matrimonio, Yucatán aún continúa con ese rezago en su legislación.

Para la proyección de estas frases en estos dos puntos públicos,  hubo unión de diversos colectivos, entre ellos el Colectivo por la Protección de Todas las Familias en Yucatán y el Frente Político de Mujeres Jóvenes de Baja California

Precisamente colectivos que abogan por los derechos de las personas de la diversidad sexual, recordaron que ya han pasado seis años desde que la SCJN aprobó que en los estados fueran modificadas las legislaciones de modo que el matrimonio igualitario fuera aprobado, es decir, que dos personas del mismo sexo pueden casarse sin necesidad de la tramitación de un amparo.

A la fecha, son alrededor de 13 estados, dentro de ellos, Yucatán, los que aún se niegan a modificar sus leyes en pro de este segmento de la población.

La iniciativa de las proyecciones se realizarán en las dos penínsulas de México, es decir, en la Península de Yucatán y en la Península de Baja California, de modo que es una manera de exigir la aprobación de leyes a niveles locales.

En el caso de Yucatán, además de rechazar en dos ocasiones esta medida, ha sido considerada una forma de violación a los derechos humanos la forma en la que las y los legisladores han procedido, es decir, lo han hecho de forma secreta. (Noticaribe)