Por Itzel Chan
MÉRIDA, MX.- El titular de la Secretaría de Pesca y Acuacultura Sustentables (Sepasy), Rafael Combaluzier Medina, confirmó que en Yucatán una de las problemáticas que tiene que ver con las pesquerías es la extracción ilegal y este día, pescadores fijaron su postura sobre esta problemática, por lo que piden también a las autoridades estatales y federales que implementen estrategias para erradicar esta problemática.
“El gran problema que tenemos en Yucatán es la pesca ilegal, hay embarcaciones no registradas, que no tienen permiso y que extraen en veda. Por el momento la Sepasy no tiene las facultades para detener esta problemática”, apuntó.
De igual forma, comentó que es la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), la dependencia encargada de vigilar las zonas costeras para evitar esta problemática, sin embargo, el número de inspectores no es suficiente.
En este sentido, representantes de asociaciones civiles, integradas por personas dedicadas a la pesca, indicaron que existe un cálculo de que al menos mil 500 pescadores se dedican a la pesca ilegal, lo cual representa daño ambiental y también a la economía de quienes siguen reglamentos de pesca y que respetan las vedas correspondientes.
Las personas afectadas, indicaron que no es una problemática nueva, pero que con el paso del tiempo sí va agravando, pues cada vez hay mayor registro de la pesca que se obtiene de tal forma.
De esta manera piden mayor vigilancia en las zonas costeras del estado, sobre todo porque hay quienes se encargan de respetar la veda cuando hay otras personas que de forma irregular obtienen el producto.
Al respecto, José Luis Carrillo Galaz, presidente de la Confederación Mexicana de Cooperativas Pesqueras y Acuícolas (Conmecoop), aseguró que el sector pesquero ha sufrido diversos estragos a causa de las inclemencias del tiempo y también por la presencia de la pandemia por coronavirus (COVID-19), por lo que piden a las autoridades no olviden que esta problemática está presente en territorio yucateco.
Es así que piden al Gobierno del Estado y al Gobierno Federal que tomen cartas en el asunto porque de lo contrario, las personas afectadas podrían hacer justicia por su propia mano y es precisamente lo que quieren evitar.
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