Por Itzel Chan
MÉRIDA, MX.- Habitantes de Kinchil, Celestún y Maxcanú, realizarán un proceso de consulta indígena el próximo domingo para emitir sus opiniones y sobre todo, mostrar su resistencia a la construcción de megagranjas porcícolas, sin embargo, este día, pobladores de una de las comisarías involucradas denunciaron que han recibido amenazas para que no participen.
“Escuchen ustedes, van a recibir un escarmiento para que aprendan”, fueron las palabras de Bernardo Canul Cocom, comisario municipal de San Fernando, Maxcanú, a quien también identifican como empleado de la granja en la zona y como operador político del alcalde electo del municipio.
De esta manera, las personas que integran los colectivos Yutzil Kaj, Concejo Maya del Poniente Chik’in Ja’, y la agrupación Indignación piden que se detengan las amenazas a los pobladores que desean participar en la consulta que se llevará a cabo el próximo domingo.
De acuerdo con información de la agrupación Indignación, hay personas en las comunidades que se han aliado a las empresas responsables de los proyectos porcícolas, por lo tanto, tratan de manipular al resto de la comunidad.
“Los colectivos que organizamos la consulta, cuya fase consultiva se realizará el próximo domingo, les pedimos estar alertas. Bernardo Canul Cocom, comisario municipal, empleado de la granja y operador político del alcalde electo de Maxcanú, es uno más de quienes se ha valido la empresa Agroindustrias MOBA para evitar que el pueblo de 300 habitantes, con una granja de 49 mil cerdos anuales, participe en la consulta”, aseguran a medios de comunicación.
De esta manera recordaron que la empresa porcícola Kekén ha instalado las granjas porcícolas sin el permiso de las comunidades, vulnerando sus derechos como pueblo maya.
En este sentido, dieron a conocer que la empresa Kekén lanzó un comunicado en el que aseguraron que la consulta próxima a realizar no cumple con los parámetros de una consulta indígena, sin especificar cuáles.
Sin embargo, el pasado 16 de julio, en una reunión informativa para tratar el tema de la consulta, fue cuando surgieron las amenazas hacia los asistentes para que no participen en la dinámica.
“Por esto y por los fallidos intentos de compra y coacción de la participación, exigimos de quienes son responsables de estas amenazas y obstrucción del derecho, que dejen de violar los derechos del pueblo maya que, aunque pareciera que a ninguna autoridad local y federal le interesa respetar, hemos hecho de su racismo la prueba más contundente de su delito”, compartieron. (Noticaribe)