CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó este jueves multar con más de 55 millones de pesos a Samuel García, gobernador electo de Nuevo León, y a su partido Movimiento Ciudadano por las publicaciones que Mariana Rodríguez, su esposa, hizo en sus redes sociales durante la campaña electoral, publicó latinus.us.
La propuesta de sanción de la Comisión de Fiscalización, avalada con ocho votos a favor y tres en contra, establece una sanción económica de 448 mil 100 pesos contra García y de 55 millones 351 mil 821 mil pesos contra Movimiento Ciudadano, partido con el que fue electo. Los consejeros argumentaron que el ahora gobernador electo no reportó las aportaciones en especie de la influencer.
Además, el proyecto señalaba que Mariana Rodríguez registró su nombre como marca registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como persona física con actividad empresarial, por lo que participó en la campaña de Movimiento Ciudadano sin que se reportara un pago por ello.
Ante la propuesta, la esposa de Samuel García, Mariana Rodríguez, acusó que el INE la está “tratando como un objeto con valor” al poner precio a la publicaciones en redes sociales y al apoyo que dio a su pareja en campaña.
El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, descartó que la sanción contra García por las publicaciones de su esposa en redes sociales se trate de violencia de género o cosificación de la mujer.
“No sé si esto obedece a una estrategia política de distracción. El problema es que ésa es la fuente de su ingreso, para eso registró su nombre y se dio de alta ante el SAT. Hay una confusión que no generó el INE, sino Mariana Rodríguez”, comentó Córdova en la sesión de este jueves.
La consejera Dania Ravel señaló que estaba en contra de la sanción porque encontraba muchos paralelismos con la participación de Mariana Rodríguez en la campaña al Senado de Samuel García.
“La Sala Superior del TEPJF consideró en su fallo de 2018 que las publicaciones fueron hechas bajo el derecho a la libertad de expresión y que la relación amorosa, que en ese entonces era sólo de noviazgo, complicaba que se pudiera comprobar la donación en especie a la campaña”, dijo Ravel.
La consejera consideró que dado que la actividad de los influencers implica documentar en sus redes sociales las actividades en su vida, y la sanción contra Samuel García implicaría un ataque a la libertad de expresión.
“En el debate se ha hecho referencia a la figura matrimonial, que por más que busco no encuentro en la legislación electoral. Entonces, estar casado con alguien no es atenuante ni agravante cuando se analizan faltas en materia de fiscalización. La relación personal entre dos ciudadanos debe despejarse de la ecuación y no ser parte de esta discusión”, indicó el consejero electoral Ciro Murayama.
Murayama recalcó que sólo los ciudadanos pueden aportar financiamiento privado a las campañas electorales, pero no una persona moral.
El análisis de la comisión se motivó por una queja que interpuso en el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en abril pasado contra el ahora gobernador electo de Nuevo León.
“Se tiene registro de 45 fotografías publicadas en el perfil de la influencer que hacen alusión directa a la campaña del C. Samuel Alejandro García Sepúlveda, y mil 300 historias fijadas que hacen alusión directa a dicha campaña por lo que, una vez fijados los precios por fotografía y por historia fijada se procede a sacar el monto involucrado”, indica el proyecto.
Por cada fotografía, el INE impuso una multa de 40 mil pesos y por cada historia fijada, una de 20 mil pesos.
Ayer, Dante Delgado, coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano consideró que la sanción es una “arbitrariedad” e hizo un llamado al INE a decidir conforme a la ley “y al sentido común”, tras considerar que Mariana Rodríguez “es una ciudadana libre con derecho a participar en la vida pública” del país.
También consideró que “ponerle precio” a la participación de Rodríguez durante la campaña electoral de su esposo “sentaría un precedente perverso al derecho civil”, así como en contra de la libertad de expresión”. (Fuente: latinus.us)
