CANCÚN, MX.- El Observatorio Quintana Roo A.C, pide a la Secretaria de la Contraloría del Estado de Quintana Roo, (Secoes) haga un informe de la situación que guarda el contrato que el actual gobierno del estado estableció con “José Antonio García Alcocer y Asociados SC, la firma de abogados que representa Santiago García Luque, porque tendrá acceso al 30 por ciento de los bienes que se logren recuperar del millonario desfalco cometido durante la gestión del ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo.
El observatorio señala que esto se trata de un “bono de éxito” al que el despacho tendría acceso desde 2018, cuando la administración de Carlos Joaquín le asignó, mediante procedimiento de adjudicación directa, el contrato SECOES-AD-923011964-N1-2018 para investigar y gestionar el retorno de los bienes que podrían haber salido del erario de manera ilícita.”
“El bono por resultados favorables incluye a aquellos bienes inmuebles ubicados dentro del territorio nacional y al efectivo recuperado y depositado en cuentas del contratante, cualquiera que sea el origen de la recuperación, es decir, ya sea resultado de resolución firme de autoridad competente o resultado de acuerdos o convenios extrajudiciales”, refiere el organismo.
Abundó que aunque pareciera una tarea que compete exclusivamente a la autoridad, léase Secretaría de la Contraloría del estado, de Rafael Antonio del Pozo Dergal; Unidad de Inteligencia Financiera, de Santiago Nieto, o Fiscalía General de la República, de Alejandro Gertz Manero, la administración quintanarroense optó por recibir “ayuda privad”, por ello exigen que el contrato se ponga a disposición pública, ya que en los portales de transparencia no está de manera accesible para evaluar sus cláusulas y las causales de contratación y rescisión.
El observatorio legislativo, también hace referencia que en si la corrupción es un negocio para quienes la ejecutan en detrimento de las instituciones y su patrimonio, pero hacer negocio con los efectos de la corrupción de manera institucional, ya es otra faceta de la corrupción, destaca también que esto es una privatización de la Justicia y una nueva afectación a los bienes patrimoniales del Estado, ya que si se recuperan los bienes y los montos causantes de una desviación patrimonial deben de regresarse, de acuerdo a nuestras normas legales, al patrimonio del Estado del cual fueron sustraídos, ya que en caso contrario pudiese ser considerado como un aprovechamientos irregular de los bienes del Estado.
“La bandera política del actual Gobierno del Estado ha sido su lucha contra la corrupción generada en la administración del exgobernador Roberto Borge, pero no se tienen informes de los avances de ese proceso; la administración estatal se comprometió a proporcionarles el nombre de las personas físicas o morales involucradas; así como su información patrimonial; vínculos de parentesco, relaciones de naturaleza comercial y societaria; información del Registro Público y vehicular; lista de los bienes muebles e inmuebles enajenados; información relacionada con el cumplimiento de obligaciones fiscales, y en general cualquier información que les sea de utilidad.” Añade.
Además de que tampoco se entiende el que se asigne un “Bono de éxito” si el propio contrato ya tiene asignado un monto de 13 millones de pesos por los actos a realizar, por lo que también piden se haga una investigación para saber si los socios del Despacho: José Antonio y Santiago García Luque hijos de José Antonio García Alcocer en el despacho a su nombre, tienen alguna relación en otras empresas con personas que ha estado ligadas en otros negocios en el Estado de Quintana Roo, para saber los alcances de estos grupos empresariales.
Cabe señalar que la Consejería del Gobierno del Estado tiene un presupuesto anual de 18 millones de pesos para el presente año y la SECOS desde 2018 a 2021 ha tenido un monto de cerca de 840 millones de pesos en sus presupuestos; con esos montos no deben de considerarse la asignación de casos a despachos externos y mucho menos a despachos legales de fuera del estado. (Fuente: Observatorio Quintana Roo A.C)