Por Rafael Briceño
CHETUMAL, MX.- Para los constructores se ha vuelto difícil cumplir con la obligatoriedad anunciada por el gobierno del Estado de que los trabajadores cuenten con una cédula o certificado de vacunación ya que, por lo menos, un 30 por ciento se niega a cumplir con este requerimiento, toda ves que es un proceso voluntario.
José Rafael Lara Díaz, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción (AMIC), explicó que los asociados cumplen con los protocolos sanitarios para evitar la propagación del covid-19 pero que les cuesta trabajo dar cumplimiento a la nueva disposición de que los trabajadores estén vacunados y cuenten con su cédula de vacunación.
Explicó que por lo menos el 30 por ciento de los un mil 300 trabajadores de la industria de la construcción se ha negado a vacunarse, “ya que dicen que consideran que las vacunas no son confiables por lo que se ha difundido en redes sociales”.
Consideró que en estos momentos los constructores dependen de la mano de obra para dar a continuidad a las obras que en estos momentos se están ejecutando.
“Hay que convencerlos, casi casi llevarlos de la mano para que se vacunen a pesar de las facilidades y la garantía que se les pagará el día”, afirmó.
Lara Díaz reconoció que la vacunación no es obligatoria, es algo que es voluntario y no está regido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), por eso estamos en labores de convencimiento “ya que es necesario para que continuemos con las obras que están en proceso”, subrayó.
En cuanto a las nuevas disposiciones gubernamentales para adquirir equipo de desinfección y medir la calidad del aire en espacios cerrados, el presidente de la AMIC dijo que en estos momentos están absorbiendo el costo económico como parte del compromiso firmado con el gobernador Carlos Joaquín González para reactivar la economía.
“Esperamos que en su momento se nos retribuye al ser considerados en la asignación de obra pública y se recupere los gastos de inversión”, afirmó.
Reconoció que el gobierno del Estado ha sido recíproco con el esfuerzo al aplicar acciones preventivas en los procesos de verificación en la ejecución de obras y no aplicar multas.
“Hemos levantado la mano para que los constructores locales seamos considerados en las obras que se realizarán una vez que se adquieran los 820 millones de pesos autorizados por el congreso del Estado”, señaló. (Noticaribe)