Por Rafael Briceño
OTHON P. BLANCO, MX. – Hay elementos suficientes que acreditan calumnias electorales en contra del gobernador Carlos Joaquín González, afirmó la magistrada Claudia Carrillo Gasca, en su proyecto, que fue aprobado también por el magistrado Víctor Vivas Vivas, y en el que se considera una amonestación pública en contra de la otrora candidata de Morena a la presidencia municipal de Solidaridad, Laura Beristain Navarrete; de los dirigentes nacionales Mario Delgado Carrillo y Citlali Hernández y al propio partido Morena.
Además, el proyecto, aprobado por mayoría, contempla darle vista a la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado para que sean los encargados de definir si se cometió un delito (en contra del Gobernador), ya que se tienen todos los elementos para acreditar que sí hubo calumnia electoral en su contra, al considerar como grave ordinario el delito.
Carrillo Gasca afirmó que se rebasaron los límites de la libertad de expresión en los señalamientos hechos por Beristain Navarrete, Delgado Carrillo y Citlali Hernández, además de alteración del orden público.
El proyecto de resolución que presentó la magistrada Carrillo Gasca, respecto al Procedimiento Especial Sancionador interpuesto por el gobernador Carlos Joaquín González contra Beristain Navarrete, el partido Morena y sus dirigentes Mario Delgado y Citlali Hernández Mora por la supuesta realización de publicaciones en redes sociales en los cuales es objeto de calumnias se declaró la existencia de los hechos denunciados por el ejecutivo.
El proyecto establece que al realizar el estudio y análisis de los hechos denunciados se advirtió que el elemento personal objetivo y subjetivo que señala la Sala Superior, necesarios para configurar el delito de calumnia se ven colmados en su totalidad por lo que al acreditarse la responsabilidad de los denunciados se propuso amonestación pública.
El magistrado Sergio Avilés Demeneghi, quien votó en contra de dicho proyecto, señaló que no se acredita el delito denunciado por el ejecutivo, ya que se habla de delito electoral donde la Ley establece cual es propaganda electoral y en que momento se realiza.
Cuestionó el hecho que se le dé vista a las FGR y FGE porque no hay elementos para ello. (Noticaribe)
