CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Con cinco votos a favor y dos ausencias, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aprobó la tarde de este miércoles remover a José Luis Vargas como presidente del organismo, publicó infobae.com.
La decisión fue por unanimidad, gracias a los votos de los magistrados Janine Otálora, Reyes Rodríguez, Felipe Fuentes e Indalfer Infante. Por su parte, tanto Vargas Valdez como la magistrada Mónica Soto no estuvieron presentes.
Con este resultado, se nombró como nuevo magistrado presidente del TEPJF a Reyes Rodríguez Mondragón.
La destitución se da luego de que horas antes la mayoría de los magistrados solicitaron un punto de acuerdo para evaluar la gestión de su presidente. Y es que Vargas Valdez tiene una investigación en su contra por presunto enriquecimiento ilícito. Incluso fue bautizado en redes sociales como el “magistrado billetes”.
Al respecto, Felipe de la Mata señaló que los integrantes de Sala Superior tienen facultades constitucionales para “asegurar el correcto funcionamiento” del TEPJF.
“Si uno omite la ética o no la tiene, estamos en graves problemas, a este tribunal no venimos a hacernos populares, sino a que se respeten las reglas y se califique de manera imparcial las elecciones. No estamos aquí para beneficiar a grupos de interés o gobernantes”.
Cabe mencionar que en un primer momento, José Luis Vargas se opuso a incluir el punto de acuerdo en la Orden del Día, argumentando de que se trata de un tema administrativo y no judicial. Además, acusó a los integrantes en su contra de promover un “golpe de estado” en su gestión. Por ello, decretó un receso.
Sin embargo, en su calidad de magistrada decana y presidenta del TEPJF por ministerio de ley, Janine Otálora Malassis, convocó a reanudar la sesión pública, ante la negación de retomar la misma por parte Vargas Valdez y Mónica Soto, quien salió en defensa del magistrado presidente y alegó que se violentan sus derechos por no haberle informado sobre esta intención.
Asimismo, con el apoyo de los otros magistrados, Otálora Malassis nombró a Rodrigo Sánchez García como secretario general de acuerdos, y destituyó al anterior nombrado previamente por Vargas. También se nombró a María Celia López Dávila como subsecretaria general de acuerdos.
La ruptura
Las tensiones en el TEPJF se generaron días después de que Vargas enfrentara nuevos cuestionamientos, a raíz de que un juez ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) reabrir una investigación en su contra por posible enriquecimiento ilícito.
Vargas, en tanto, sostiene que todo su patrimonio tiene un origen legal y ha dicho que no litigará este conflicto en medios de comunicación, sino en los juzgados correspondientes.
Sobre este tema, el magistrado Fuentes Barrera aseguró en la sesión que la mayoría de los integrantes habían intentado un diálogo con José Luis Vargas para que corrigiera conductas de su presidencia que afectaban la imagen institucional del TEPJF.
De la Mata Pizaña, agregó que la decisión de los cinco magistrados “no son grillas”, sino un acto para velar por la integridad e institucionalidad del tribunal.
Defensa en redes
A través de las redes sociales del TEPJF, Vargas Valdez, quien está acusado de enriquecimiento ilícito, aseguró que la reciente sesión donde se llevó a cabo la votación para removerlo del cargo, y en la que ni él ni la magistrada Mónica Soto participaron, “es nula de pleno derecho”.
En este sentido, recalcó que el nombramiento de Reyes Rodríguez Mondragón como nuevo magistrado presidente del TEPJF, “constituye el ejercicio ilícito de funciones”.
En otras palabras, se negó a renunciar a su cargo y pidió a los demás integrantes de la Sala Superior evitar una crisis constitucional.
“Somos jueces constitucionales y tenemos que actuar a la altura, los albazos no son la forma de resolver las diferencias”.
Insistió en que era improcedente la solicitud que hizo el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, para que en la sesión de pleno de esta tarde se evaluará su desempeño como presidente del Tribunal.
Argumentó que la solicitud no correspondía a la naturaleza de la discusión en el pleno, toda vez que éstas son de carácter estrictamente jurisdiccional. Sostuvo que los asuntos administrativos y de gobierno interno no son materia de dichas sesiones, por lo que poner a discusión el acuerdo, invadiría las competencias de la Comisión de Administración. (Fuente: infobae.com)