Por Itzel Chan
MÉRIDA, MX.- Habitantes de los pueblos mayas de Sitilpech y Chapab denunciaron que se encuentran amenazados por las ‘movidas’ de las mega granjas porcícolas y por las autoridades judiciales, pues a pesar de que el pasado 6 de julio interpusieron una demanda de amparo, las personas representantes de la empresa han presentado una queja para bloquear la admisión de la misma.
Habitantes de estos sitios informaron que se unieron a la lucha que han emprendido quienes habitan en Homún y Chapab, pues son zonas que se han visto amenazadas por el establecimiento de granjas porcícolas.
En este sentido, integrantes de los Colectivos Kanan Luum Chapab y La Esperanza de Sitilpech recordaron que el pasado 6 de julio de 2021 se admitió la demanda de amparo contra las omisiones de las autoridades de vigilar, inspeccionar, controlar y sancionar el funcionamiento irregular de la granja de cerdos “Kancabchén II”.
La demanda de amparo fue firmada tanto por jóvenes, personas adultas mayores y 60 niños y niñas, quienes exigen su derecho a un entorno ambiental digno.
“Tenemos la preocupación por cómo se afecta la comunidad y por el futuro que nos depara si sigue operando y más aún si se incrementa en el doble o triple el número de cerdos criados”, informaron vía comunicado.
De esta manera, acusan que al ver la movilización legal del pueblo maya de Sitilpech, quienes representan la granja porcícola “Kancabchén II” han presentado una queja para bloquear la admisión de la demanda.
“La queja está cargada de argumentos evasivos, confusos y tergiversados que lo único que buscan es que no se lleven a cabo las investigaciones pertinentes, que no se conceda protección legal al derecho al medio ambiente y que no se sancione el actuar irregular de la empresa porcícola por contaminar y sobre todo por no haber consultado al pueblo”, argumentaron.
Así que los demandantes acusan que este tipo de procedimientos es frecuentemente utilizado por personas responsables de la edificación de granjas porcícolas en Yucatán
Asimismo, indicaron que la industria de las granjas porcícolas es defendida por el Gobierno del estado y protegida por jueces y magistrados.
Mientras tanto, exigen el respeto a sus derechos como pueblo indígena maya, incluyendo el derecho a decidir sobre su territorio y a un medio ambiente sano. (Noticaribe)