Por Itzel Chan
MÉRIDA, MX.- El caso de José Eduardo, joven torturado y asesinado en Mérida presuntamente por policías municipales fue retomado hoy también por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien instruyó a la Fiscalía General de la República (FGR) que intervenga, además que pidió que se finquen responsabilidades a las autoridades que protegen a las personas responsables del caso.
“Hoy estábamos viendo en la mañana de que necesitamos intervenir en el caso de este joven que fue ultrajado y asesinado en Mérida, pero el procedimiento es que ahora la Fiscalía del Estado apele a la resolución del juez y luego el juez puede sostener su resolución o revolcarla, pero si la sostiene entonces la Fiscalía se va a otra instancia”, apuntó AMLO.
No obstante, precisó que este procedimiento podría llevar mucho tiempo, por lo que consideró pertinente plantearle a la Secretaría de Gobernación que busque otras vías.
“Si no interviene la Comisión Nacional de Derechos Humanos, nosotros tenemos la obligación de intervenir y pedir a la FGR que abra una investigación y se finquen responsabilidades a las autoridades, no sólo a los policías”, apuntó.
De igual forma, dijo que una de las deficiencias es que en el país no hay justicia pronta y expedita y como ejemplo, mencionó que hay quienes llevan más de 10 años en la cárcel sin recibir una sentencia.
Para el presidente igualmente es importante que además de encontrar a los responsables de los hechos que llevaron a la muerte al joven veracruzano de 23 años, también se investiguen las autoridades que han tomado decisiones en relación al caso, sobre todo, porque hay quienes pudieran estar protegiendo a las personas que cometieron tortura y abuso sexual en contra de José Eduardo.
López Obrador dijo que hasta el momento tiene de conocimiento que el juez encargado de dar el resolutivo tomó en cuenta que en la acusación no había acusación específica hacia la policía municipal por parte de la víctima, pero dijo que a causa de un tecnicismo legal no se puede hacer a un lado la justicia.
Ayer, en rueda de prensa el fiscal del Estado, Juan Manuel León León, hizo una relatoría de los hechos en la que describió que la Policía Municipal en tres ocasiones negó la existencia de videos y además, que hubo testimonios que fueron desestimados, por lo que a nombre de la dependencia que representa, puso una apelación.
En rueda de prensa, el fiscal Juan Manuel León León reiteró el acompañamiento en el dolor a la familia de José Eduardo y procedió a compartir una relatoría de los hechos desde el pasado 21 de julio, fecha en la que el joven veracruzano fue detenido.
Recordó que fue el pasado 13 de agosto cuando el juez Bonilla Castañeda dictó una resolución después de haber escuchado los argumentos y los datos proporcionados por ambas partes involucradas en el proceso.
León León precisó que el pasado 24 de julio, es cuando el joven José Eduardo interpuso su denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE), en donde denunció abuso sexual y agresiones físicas por parte de elementos de la Policía Municipal.
Los hechos habrían ocurrido el 21 de julio, pues fue la fecha en la que el joven fue detenido en el Centro Histórico de Mérida.
Incluso, como parte del protocolo al recibir este tipo de denuncias, se hizo examinación por parte del médico legista, quien corroboró que había datos de penetración reciente y cerca de 20 lesiones en todo el cuerpo entre equimosis (moretones), heridas contusas y excoriaciones (irritación).
Es así que el 26 de julio, la madre de la víctima compareció ante la dependencia y reiteró lo que le había narrado su hijo.
Tras las denuncias, la Fiscalía General del Estado registró que el Ministerio Público le solicitó información y pruebas en video a la Policía Municipal y ésta respondió hasta el 3 de agosto, pero la respuesta fue que no contaban con cámaras de video y vigilancia en el lugar de detención y que tampoco contaban con el material videográfico en las instalaciones de la corporación.
“Respondieron que en la cárcel pública sí se cuentan con cámaras de video y vigilancia, pero no tienen los archivos del 21 de julio puesto que las grabaciones se actualizan cada siete días. También dijeron que las unidades policiales sí cuentan con cámaras, pero que no tenían los archivos porque se actualizan cada tercer día o dependiendo de su uso”, enfatizó.
De esta manera es que al Ministerio Público no le fue entregado ningún elemento de videograbación.
No obstante, anteriormente, el 28 de julio, la Policía Estatal de Investigación (PEI) sí había ingresado a la carpeta de investigación en donde había material de videograbaciones obtenidas en las instalaciones de la Policía Municipal y las cuales serían observadas más adelante para corroborar que sí hay evidencia de que el joven llegó en una unidad oficial, además de que hay parte de su ingreso, su estancia y su salida.
El 4 de agosto, la Fiscalía General del Estado visualiza las grabaciones y se levanta un acta circunstancial.
Además, León León dijo que hay una entrevista a un testigo que vio cuando José Eduardo llegó en un taxi el 22 de julio, alrededor de las 11:00 del día al sitio en donde estaba instalado y lo veía en mal estado, por lo que ese día, alrededor de las 16:00 horas, escupía sangre.
El fiscal precisó que el 5 de agosto se recibe un oficio en el que se confirma que en las unidades sí hay cámaras de video, pero les fue negada la existencia de videos del día de la detención de José Eduardo.
Otro testimonio que el fiscal considera que fue desestimado es el de Pedro N. un hombre que estuvo en la cárcel municipal el mismo día de la detención de José Eduardo y él observó cómo lo tuvieron boca abajo, esposado y que hubo un momento en el que sí escuchó gritos; de igual forma observó que sí vio a elementos policiacos ponerle la rodilla sobre el cuerpo cuando el joven estaba en el piso y que finalmente fue arrastrado a una celda aparentemente desmayado.
Además de los testimonios, hay fotografías tomadas a la víctima el 22 de julio y que fueron presentadas como parte de las pruebas y que también corroboran que a su salida de la cárcel municipal, José Eduardo estuvo todo el tiempo en el domicilio en el que se estuvo quedando desde su llegada a Mérida.
Como resultado de la liberación de los policías presuntamente involucrados en el caso, Juan Manuel León hizo el recuento de que el material videográfico les fue negado en tres ocasiones, bajo el argumento de que no existían en el sistema.
Un dato más que salta en medio de la investigación es que el joven ingresó con playera y pantalón, pero al salir es evidente que sale con prendas distintas.
Esta parte, interpuso un recurso de apelación ante el resolutivo el otorgado por el Juez de control del primer distrito judicial del sistema penal acusatorio y oral, Rómulo Antonio Bonilla Castañeda. (Noticaribe)
