Por Itzel Chan
MÉRIDA, MX.- Desde 2020 hasta la fecha, ante la Fiscalía General del Estado (FGE) se han interpuesto al menos 315 denuncias por delito de tortura, de acuerdo con la solitud de transparencia que han realizado personas activistas en el tema, sin embargo, a la par, no hay ninguna carpeta de investigación que se le haya asignado a un juez para dar seguimiento a los casos.
La directora para México y Derechos de Migrantes de la Oficina de Washington en América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés), Stephanie Brewer, dio a conocer de manera pública la solicitud de transparencia que realizaron en relación al tema de tortura en Yucatán.
De acuerdo con el documento que obtuvieron como respuesta, marcado con el número de oficio FGE/DJ/TRANSP/997-2021, en el 2020 se registraron 212 actas de investigación y hasta junio de este año, fueron 103.
Hay que recordar que el año pasado la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) reconoció que tienen en registro 22 casos de presunta tortura en el estado, cometidas por policías estatales y municipales.
De igual forma, de acuerdo con el estudio denominado “El virus de la arbitrariedad”, realizado por el equipo de Elementa DDHH, identificó que en estados como Jalisco, Guanajuato y Yucatán, en medio de la contingencia por coronavirus (COVID-19) han registrado casos de violación a derechos humanos y sobre todo, detenciones arbitrarias por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
El estudio reveló que en el caso de Yucatán entre marzo y agosto de 2020, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán reportó 84 quejas en contra de cuerpos policiales de 18 municipios, así como contra el cuerpo estatal.
A manera detallada, el estudio registra que en el estado ha habido 30 quejas en contra de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, más otras 20 contra la policía municipal de Kanasín; cinco más contra el cuerpo policial de Celestún, tres más para Mérida, Cenotillo, Chacsinkín, Dzizantún y Progreso y dos quejas contra los policías de Hoctún, Tixpehual y Kantunil.
De igual forma, este estudio documentó que hay siete quejas contra la Fiscalía General del Estado (FGE), mismas que reportan 10 violaciones a los derechos humanos, por lo que la más común fue la dilación o negligencia administrativa en el proceso jurisdiccional. (Noticaribe)
