Por Rafael Briceño
CHETUMAL, MX.- En vísperas del informe de labores de Antonio Ruiz León, presidente del Tribunal Superior de Justicia, la Red Feminista Quintanarroense (RFQ) solicitó la destitución del director del Centro de Convivencia Familiar Supervisada, Mario Enrique Herrera Carrasco, así como de la Trabajadora Social, Karla Domínguez Rosel y la Psicóloga Hilda Cámara Góngora por incurrir en violaciones al principio del interés superior de la niñez y al derecho humano a la seguridad jurídica por inadecuada prestación del servicio público.
Derivado de una disculpa pública ofrecida por el Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, en la cual Herrera Carrasco reconoció haber incurrido en tales delitos, en donde mujeres víctimas y sus menores hijos e hijas de edad, recibieron trato discriminatorio y prejuicioso por parte del personal del Centro, y un trato prepotente, ríspido y autoritario por parte del Director General del Centro.
Los hechos, omisiones y actuaciones en los que incurrieron los funcionarios del Centro de Convivencia Familiar Supervisada fueron acreditadas ante la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (CDHEQROO), motivo por el cual se emitió la Recomendación Pública CDHEQROO/01/2020/I.
Ante tal situación, las mujeres afectadas, mujeres feministas, colectivas feministas y organizaciones de la sociedad civil y sociedad en general a favor de los derechos de las mujeres, exigen a la Red Nacional de los Centros de Convivencia Familiar y Afines de la República Mexicana de la Comisión Nacional de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicano la destitución de Herrera Carrasco como Secretario Ejecutivo de dicha Red y al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo la tramitación de los procedimientos de responsabilidad administrativa de Herrera Carrasco, Domínguez Rosel y Cámara Góngora, y que se haga del conocimiento de la Fiscalía General del Estado, respecto al delito de Negligencia en el Desempeño de Función o Cargo y por los hechos que se han acreditado, para el inicio de las carpetas de investigación y la aplicación de las sanciones correspondientes.
Asimismo, la suspensión de sus cargos durante la tramitación de dichos procedimientos, para asegurar que no se ponga en riesgo a otras personas o menores, esperando que una vez recabadas las pruebas, en su momento se lleve a cabo la inhabilitación.
En su pliego petitorio solicitan la implementación de un sistema de supervisión y vigilancia al interior del CECOFAM a fin de poder identificar violaciones a los derechos humanos que pudieran seguir cometiéndose por parte del personal adscrito al mismo, en perjuicio de las y los menores y de procesos de capacitación de forma continua y progresiva al personal del CECOFAM, bajo un programa de trabajo específico con una programación, presupuesto, actividades, acciones y metas claras que permita avanzar en el cumplimiento de la medida de no repetición, así como con la finalidad de fortalecer el aprendizaje y mejorar la calidad del servicio prestado, entre otros.
Las disculpas públicas por violaciones de derechos humanos deben tener consecuencias claras y dejar de ser una simulación más del Estado, afirmaron. (Noticaribe)