Por Itzel Chan
MÉRIDA, MX.- Activistas y personas defensoras de los derechos humanos en Yucatán celebran que hoy, tras 10 años de lucha fue aprobado el matrimonio igualitario, esto a pesar de que en el estado faltan más avances en la materia, pero sin duda califican este día como histórico.
De acuerdo con integrantes del colectivo por la Protección de Todas las Familias en Yucatán (Colectivo PTF Yuc) e Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos dieron a conocer que este es un día para celebrar en Yucatán, ya que los legisladores reconocieron parte de sus derechos humanos.
Recordaron que fueron dos rechazos los que se registraron en el 2019, en votaciones secretas, ilegales y antidemocráticas.
“Fuimos consideradas como personas ciudadanas de segunda, hoy por fin han hecho su trabajo de reparar el daño a la comunidad LGBTQ+ legislando a favor del reconocimiento de los derechos que ostentan a la igualdad y no discriminación en la figura del matrimonio y concubinato, así como a la ciudadanía yucateca en general por haberlo hecho de forma abierta y transparente”, comentaron.
De igual forma, exhortan a las autoridades locales que la publicación en el Diario Oficial del Estado sea a la brevedad y que las oficialías del Registro Civil sean instruidas para que no haya impedimentos administrativos cuando las parejas quieren casarse en el estado, ya que el trámite legal era precisamente una de las trabas principales detectadas.
“Que se puedan casar sin que necesiten ampararse para acceder al matrimonio sin discriminación, tal y como lo hacen en el estado de Chihuahua y como pudo haberlo hecho desde un principio en Yucatán”, recordaron.
De igual forma recordaron que los legisladores Rosa Adriana Díaz Lizama, Felipe Cervera Hernández y Enrique Castillo Ruz fueron quienes impulsaron e impusieron votaciones secretas en 2019 para rechazar la iniciativa sobre matrimonio igualitario para el estado.
Ante esta situación, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sentenció el pasado 18 de agosto como ilegales y antidemocráticas como consecuencia de los amparos interpuestos por asociaciones civiles.
Insistieron en que Yucatán tiene una deuda histórica y extensa en relación al respeto a los derechos humanos, por lo que la lucha continuará. (Noticaribe)
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