JALISCO, MX.- La Fiscalía Anticorrupción del Estado de Jalisco imputará responsabilidad penal al extitular del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Luis Octavio Cotero Bernal, como conclusión de las investigaciones del caso del tráiler con 273 cadáveres que circuló por varios municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara el 16 de septiembre de 2018, publicó El Financiero.
El carguero refrigerado y otro más, fueron rentados para almacenar los cadáveres sin identificar por el déficit de espacio del Servicio Médico Forense (Semefo), y es que en aquel tiempo, las gavetas del anfiteatro sólo tenían capacidad para 72 cuerpos y había más de 400 en la morgue.
Este lunes, el funcionario debe comparecer ante un Juez de Control para que le imputen los delitos de abuso de autoridad y uso indebido de atribuciones y facultades.
Cotero fue destituido a los pocos días por considerársele responsable de la crisis forense que vivió el estado de Jalisco, y en su momento, el entonces Gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz dijo que la sanción sería ejemplo para otros funcionarios públicos, “que como parte de sus tareas, tengan algo que ver con la custodia, traslado, o manejo de cuerpos no reclamados”, agregó que no se tolerarían tratos deshumanizadores, ni alteraciones los procesos establecidos.
Los cuerpos correspondían a víctimas de hechos violentos vinculados a la delincuencia organizada, y el vagón fue sacado de las instalaciones forenses para resguardarlo en una bodega, donde estuvo por varios días, en la colonia La Duraznera en Tlaquepaque, y después fue sacado del sitio por exigencias de la que fuera alcaldesa, María Elena Limón, quien ordenó la clausura del establecimiento por carecer de licencias municipales.
Posteriormente, el carguero fue retirado a un predio en Tlajomulco de Zúñiga, donde después fue remolcado de regreso a las instalaciones forenses.
Días después, el gobernador anunció también la separación del fiscal general Raúl Sánchez Jiménez, bajo argumentos de falta de aplicación de acciones y considerando responsabilidad del funcionario.
Posteriormente, el mandatario anunció la construcción de una extensión de la morgue metropolitana con capacidad de albergar hasta 300 cuerpos más y destinó de manera emergente un presupuesto para la habilitación de criptas en los cementerios de los municipios de El Salto y Guadalajara para confinar más de 700 cadáveres sin identidad, los cuales fueron sometidos a un protocolo para facilitar su identificación y entrega a sus familiares.
Al momento sólo Yolanda Salomé Santiago Villela, quien fuera directora Administrativa de la Fiscalía de Jalisco, es la única enjuiciada por el caso de los tráileres, y transcurre su proceso a disposición del Juez Octavo de Control del primer distrito, Javier García Muñoz. (Fuente: El Financiero)
