CAMPECHE, MX.- La gobernadora Layda Sansores San Román comenzó a depurar la herencia de la pasada administración y por lo pronto anunció el despido de decenas de aviadores que formaban parte, dijo, de la “real fuerza aérea de Campeche”, publicó Proceso.
Además, anunció la extinción de la Coordinación de Asesores y la baja de unos 300 policías de seguridad pública, cuyos nombres están en la nómina de la corporación, pero físicamente no se les encuentra.
En su programa de televisión “Martes de Jaguar”, que estrenó ayer, Sansores San Román informó a la ciudadanía la situación con que hasta ahora se ha topado su gabinete en el proceso de entrega-recepción de la administración estatal.
Y señaló que 700 funcionarios en puestos de confianza, entre subdirectores, coordinadores y analistas de la pasada administración, se niegan a dejar sus cargos al gobierno entrante.
En la primera emisión de su programa, la mandataria se hizo acompañar por las secretarias de Salud y Seguridad Pública, Liliana Montejo León y Marcela Muñoz Martínez, así como del fiscal general del estado, Renato Sales Heredia.
Montejo León destacó, entre otras anomalías, que hasta ahora se han detectado deudas a proveedores de la Secretaría de Salud que impactaron la prestación de los servicios, así como un adeudo de 700 millones de pesos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por concepto de impuestos.
Condiciones catastróficas
Luego, en su turno, Muñoz Martínez informó que se recibió la Secretaría de Seguridad Pública “en condiciones catastróficas” y señaló que las instalaciones están en malas condiciones, los administrativos trabajan hacinados, y muchas de las patrullas ya están para ser dadas de baja, 108 de ellas “se quedaron varadas y hay que ir a rescatarlas a diferentes municipios”.
Formamos a los policías de Campeche y Carmen para el pase de lista, a ver si nos da el grueso del estado de fuerza que se reporta, que son de mil 163 elementos y no nos dan los números”, resaltó.
En el caso de la fiscalía general del Estado (FGE), destacó que se reincorporaron a sus tareas de investigación agentes que estaban comisionados como escoltas de exfuncionarios. (Fuente: Proceso)