CIUDAD DE MÉXICO.- De aprobarse la iniciativa de Reforma Eléctrica que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador podría generar incertidumbre para invertir en el sector eléctrico, además de que propiciaría un ambiente de competencia desleal entre el sector público y privado, coincidieron expertos.

Roxana Muñoz, AVP Analyst de Moody’s Investors Service señaló que la propuesta de eliminar los reguladores energéticos reduce la transparencia de los costos y operación del sector, lo que afectaría la confianza de los inversionistas y deterioraría en forma marcada el marco institucional.

Uno de los puntos propuestos en la iniciativa del Ejecutivo consiste en desaparecer a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), cuyas estructuras se incorporarían a la Secretaría de Energía.

También se establece que el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) formará parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En tanto, Adrián Garza, VP Senior Analyst de Moody’s Investors Service consideró que la iniciativa de reforma eléctrica desincentiva la inversión en energía renovable impidiendo que México cumpla sus metas de energía limpia.

Dentro de la iniciativa también se propuso eliminar los Certificados de Energías Limpias como un instrumento para la transición energética mexicana.

Por otra parte, en el ‘corazón’ de esta iniciativa destacó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pasaría a ser un ‘organismo del Estado’, con autonomía presupuestaria y administrativa, y que será el encargado de ejercer todas las actividades de la nueva industria eléctrica mexicana.

Con el objetivo de fortalecerla, se propuso que la CFE genere, al menos, 54 por ciento de la energía despachada en el país, mientras que 46 por ciento podría ser asignado a privados.

Al respecto, Carlos Flores, analista en el sector energético, señaló que lo único ‘positivo’ de la iniciativa presidencial es que el Gobierno de México aceptó que no puede generar el 100 por ciento de la electricidad, aunque el sistema eléctrico que propone el presidente no propicia un mercado justo.

“Por ejemplo, si eliminas a la CRE, ahora tanto públicos como privados dependerán de las decisiones de un participante del mercado, que sería el mismo CFE, y eso rompe por completo el mercado”, subrayó.

Puntualizó que en todos los mercados liberalizados del mundo, un participante del mercado no puede ser el regulador porque tiene claras ventajas sobre sus competidores.

“Sería un error que se llegue a implementar esta reforma. Podríamos ver mecanismos de defensa legal tanto nacionales como internacionales contra esta reforma, pero en realidad no debería aprobarse ni una sola palabra, deberían imprimirla, recortarla y tirarla al bote de basura, los mercados eléctricos más avanzados del mundo caminan hacia el futuro y nosotros apuntamos a 1970″, agregó.

Asimismo, Ramsés Pech, analista del sector energético, apuntó que el Gobierno de México pretende tener el monopolio de toda la cadena del mercado eléctrico, por lo que se podrían esperar un alto número de demandas y juicios.

“La CFE tendrá el control sobre el mercado, siendo juez y parte para otorgar, despachar, y seleccionar a quién comprar el 46 por ciento restante (de la generación eléctrica)”.

Aprobar iniciativa de reforma eléctrica, un retroceso en la competitividad del país: IMCO

La aprobación de la iniciativa de reforma eléctrica sería un retroceso histórico para el país, señaló el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Advirtió que de aprobarse, serían los propios mexicanos quienes pagarán el costo a partir de tarifas más altas o mediante impuestos para financiar la generación del energético; daños a la salud y al medio ambiente y las consecuencias de ser un país limitado en oportunidades y crecimiento económico.

“Esta iniciativa reduce la competitividad del país al elevar los costos de la electricidad para los hogares y las empresas mexicanas, daña al medio ambiente y atenta contra el Estado de derecho en un sector clave para la economía nacional”, señaló en su posicionamiento.

De aprobarse, la CFE tendría la facultad de establecer tarifas y otorgar permisos, así como decidir qué centrales inyectan su energía a la red y en qué momento lo hacen.

“En lugar de fortalecer a la empresa, la debilita al obligarla a realizar actividades en las que pierde recursos”, agregó.

Respecto a la explotación de litio como actividad exclusiva del Estado mexicano, bajo el argumento de su importancia estratégica para la transición energética del país, es monopolilzarlo y reduce las posibilidades de desarrollo tecnológico al cerrar la puerta a la iniciativa privada y la innovación tecnológica.

“El debate parlamentario deberá estar fundamentado en datos y evidencia, con la participación de todas las partes involucradas. De aprobarse, esta iniciativa elimina la posibilidad de aspirar a tarifas competitivas y energía limpia para los hogares y el sector productivo y representaría un retroceso histórico para la construcción de un México más competitivo”, apuntó el instituto.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) agregó que la iniciativa impedirá a México cumplir con los objetivos de desarrollo sustentable para el 2030, y consumaría una expropiación de facto de decenas de miles de millones de dólares de inversión privada.

“La imposición de esta reforma implicaría que las plantas más modernas, limpias y eficientes del sector privado dejen de operar, violando los tratados internacionales de los que México forma parte, contradiciendo los mandatos del Poder Judicial mexicano y violando el principio fundamental de la Constitución de la no retroactividad de las leyes”, señaló.

La aprobación de la iniciativa presentada por el gobierno federal marcaría un punto de no retorno, generando daños irreversibles al Estado de Derecho, al medio ambiente, a las finanzas públicas y a la competitividad del país, acusa el CCE.

“Hacemos un llamado al Poder Legislativo a reflexionar sobre los efectos adversos de esta iniciativa y actuar en beneficio de las familias mexicanas, el medio ambiente, las finanzas públicas y el bienestar económico de nuestro país”, dijo. (Fuente: El Financiero)