CIUDAD DE MÉXICO, MX.- La ambición de los cárteles mexicanos parece no tener límites y muchas veces sus tentáculos alcanzan sitios insospechados. Tal es el caso de la industria de la madera en México: la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) estima que el crimen organizado ya maneja más del 30%, publicó infobae.com.
Los compradores de productos hechos con madera mexicana podrían, sin saberlo, estar financiando a las bandas del crimen organizado, el tráfico de personas y la deforestación en una industria fuertemente contaminada por la tala ilegal, de acuerdo con dos investigaciones de Reuters e Insight Crime.
Los grupos criminales están cada vez más involucrados en el comercio ilegal de madera en el estado de Chihuahua, que limita con EEUU, según un informe de la Iniciativa Global Contra el Crimen Organizado Transnacional.
Varios jóvenes que habitan esas zonas montañosas del estado han sido secuestrados y obligados a trabajar como madereros, vigías o incluso enviados a cobrar los pagos de extorsión.
“Hay comunidades aisladas que son el objetivo de estos grupos”, dijo a Reuters Diana Siller, directora del grupo y coautora del informe, el cual estuvo basado en 70 entrevistas y fue financiado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.
“Van y se llevan a sus hijos. No les dan otra opción”, detalló Siller.
Según la Profepa, la cantidad de madera talada ilegalmente en México equivale aproximadamente al 30% de la industria legal.
Leticia Merino, académica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), estimó que el 70% de la madera que se consume en México es ilegal.
Esta madera de origen ilegal genera entre US$106 y US$175 millones anuales, según cálculos de InSight Crime.
El informe encontró que los narcotraficantes involucrados en la tala ilegal también se han asociado con la deforestación y el robo de tierras, que a menudo afectan a los grupos indígenas marginados.
El comercio ilícito de madera es la principal preocupación de muchas de las comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara, según una encuesta realizada por la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas (COEPI) en febrero de 2018.
Precisamente la Sierra Tarahumara se encuentra ubicada dentro del Triángulo Dorado, perímetro que abarca los estados de Sinaloa, Durango, Sonora y Chihuahua, y también la mayor concentración de campos de marihuana y amapola del país. Actualmente la región es controlada por dos facciones del Cártel de Sinaloa: Los Salazar y las Flechas MZ, al servicio de Ismael El Mayo Zambada.
Algunos pueblos indígenas en México han sido desplazados ya sea por la fuerza, la violencia o la falta de oportunidades económicas, lo que los ha hecho particularmente vulnerables a la explotación.
Al rastrear los envíos de madera de origen ilegal a los aserraderos, los investigadores descubrieron que a veces se mezclaba con madera legal.
La falta de supervisión de la madera legal debe reforzarse con inspecciones laborales reforzadas, la debida diligencia en las cadenas de suministro del gobierno y organismos capacitados y con los recursos adecuados para hacer cumplir las regulaciones, recomendó el grupo.
Las autoridades cerraron aserraderos y puntos de recolección de madera en Chihuahua, pero Siller dijo que había sido principalmente “simbólico”, y agregó que no sabía si la falta de cumplimiento se debió a la escasez de recursos o la corrupción.
Los municipios más afectados por la tala ilegal en Chihuahua se encuentran al sur y al oeste del estado: Maguarichi, Guerrero, Uruachi, Ocampo y Madera, al igual que Guadalupe y Calvo y Bocoyna, según la Agencia de Investigación Criminal.
Bocoyna, por ejemplo, marca una línea entre el territorio de las dos principales organizaciones criminales que se disputan ese corredor de narcotráfico: La Línea, que trabaja con el Cartel de Juárez, y Gente Nueva, que trabaja con el Cartel de Sinaloa.
El conflicto entre estos dos grupos se ha asociado al control sobre la industria maderera ilegal, así como a las rutas de narcotráfico que atraviesan el estado. (Fuente: infobae.com)