Por Rafael Briceño
CHETUMAL, MX. – El secretario de la Contraloría, Rafael del Pozo Dergal defendió la firma de contratos por asignación directa que ha hecho el gobierno del Estado para la contratación de servicios a empresas arrendadora de vehículos y que han tenido observaciones por parte de instancias hacendarias, al tiempo que cuestionó la información obtenida por diputados, ya que en algunos casos fueron clasificadas como reservadas por su naturaleza pero que fueron filtradas.
Al ser cuestionado por el diputado Roberto Erales, del Pozo Dergal le señaló que “entiendo que usted, como diputado, recibe mucha información de ciudadanos que pueden incluso tener intereses, pero lo que no es correcto es imputar delitos, me pareció escuchar que no es ni siquiera presunción sino que es acusación”.
Al señalar que tiene otros datos, afirmó que no hay una presunción de inocencia en las denuncias sino que hay un juicio sumario en Facebook, se quema en la plaza pública.
Erales Jiménez cuestionó al titular de la Secoes sobre la adjudicación directa de 26 contratos por un promedio de 102 millones 706 mil pesos; la subcontratación de la empresa, con domicilio en Puebla, Maldonado y Asociados, cuyo propietario es Juan Manuel Maldonado Calderón, denunciado por la Auditoría Superior de dicho Estado por emitir facturas apócrifas para la realización de asesoría y capacitación para el proceso de entrega recepción del gobierno estatal.
Al respecto, del Pozo Dergal afirmó que tiene otros datos y aseguró que no hay ningún señalamiento contra dicha empresa y que los datos del legislador no eran verídicos, ya que no había denuncia ni tampoco la empresa se encontraba inhabilitada.
En cuanto a la empresa Lumo Financiera del Centro, contratada para el arrendamiento de vehículos entre ellos unidades blindadas al servicio del gobernador del Estado, Del Pozo Dergal reconoció que se encuentra cuestionada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ante la presunción de evasión fiscal, pero no porque sea una ’empresa fantasma’.
“No es lo mismo una empresa fantasma que una empresa cuestionada porque puede ser que de 100 solo haya un asunto sobre la presunción de evasión fiscal”, dijo.
Señaló que el aviso emitido por la autoridad hacendaría no es porque no exista sino para quienes pretendan contratarla. Confirmó que hay un contrato firmado y que actuaron de buena fe y reiteró que Lumo Financiera si existe y que hay una mala apreciación.
El titular Del Pozo Dergal reconoció que hasta el momento siguen las investigaciones en torno a la denuncia presentada por un grupo de ciudadanos que manifestaron su inconformidad por la subasta pública convocada por la Agencia de Proyectos Estratégicos (Ageproo).
El titular de la Secoes confirmó la contratación del despacho José Antonio García Alcocer y para que pueda realizar los litigios internacionales en torno a las denuncias interpuestas contra ex funcionarios por presuntas irregularidades financieras “ya que en el estado no hay abogados preparados para litigar a nivel internacional”.
Dijo que el informe del despacho ya fue entregado a la Unidad de Inteligencia Financiera, el SAT, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado así como la Comisión Nacional Bancaria y que incluso se ha ampliado las acusaciones por delincuencia organizada contra los acusados.
Del Pozo Dergal reconoció que el contrato firmado con el despacho se encuentra como información reservada por la naturaleza de su contenido y que el documento obtenido por el diputado Erales era consecuencia de una filtración.
Sin embargo, el titular de Secoes no respondió al cuestionamiento sobre la subcontratación de empresas para supervisión de obras.
En cuanto a la disminución del número de solicitudes de información que recibe la Secoes, Del Pozo Dergal dijo que no es responsabilidad de su dependencia sino del Instituto de Acceso a la Información y Protección de datos Personales promovería el derecho al acceso a la información además que hay muchas plataformas para que los ciudadanos puedan obtener información.
Aparte de los cuestionamiento de los diputados, a través de la plataforma del Congreso del Estado, el secretario de la Contraloría fue cuestionado por la falta de un reglamento interno del Instituto de Movilidad a tres años de su creación; por la asignación de placas de taxi en Mahahual, por su desempeño como funcionario en el ayuntamiento de Benito Juárez y lo señalaron de proteger al ex oficial Mayor Manuel Alamilla. (Noticaribe)
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