CIUDAD DE MÉXICO, MX.- En una carta dirigida al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la comunidad académica internacional, representada por The National Academies of Sciences, Engineering and Medicine (NASEM), pidieron al mandatario que se asegure de que la indagatoria de Gertz Manero contra científicos sea conforme a la ley y respetuosa de los derechos humanos, publicó infobae.com.
La insistencia de la Fiscalía General de la República (FGR) por acusar a 31 científicos de delincuencia organizada ha causado preocupación a nivel internacional. Así lo expresa el Comité de Derechos Humanos de la NASEM en dos cartas, una dirigida a AMLO y otra al secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard.
En el texto, los firmantes señalan directamente al fiscal Alejandro Gertz Manero por la postura que ha tomado en el caso. Después de que en agosto un juez le negara las órdenes de aprehensión en contra de los 31 científicos y científicas acusadas, la FGR volvió a solicitar las órdenes para arrestarles y el 21 de septiembre otro juez volvió a resolver que no hay suficiente evidencia para llevar a las y los académicos a prisión.
Aún así, la fiscalía de Gertz Manero ha continuado en su asedio a la treintena de acusados. Ahora les están citando para comparecer ante la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada (FEMDO). Sin embargo, una y otra vez las y los científicos se niegan a hablar, ya que la gran mayoría no han tenido la oportunidad de revisar la carpeta de investigación que hay en su contra.
“Estamos consternados de saber que, pese a las decisiones del juez, el Fiscal General ha expresado sus intenciones de solicitar órdenes de aprehensión nuevamente. Los repetidos intentos de arrestar a estos individuos sin evidencia es inconsistente con el compromiso vinculante a nivel internacional que México tiene para garantizar el derecho al debido proceso”, son las palabras con las que la NASEM señala el actuar de Alejandro Gertz Manero.
En su carta, la NASEM también recoge las preocupaciones de la comunidad científica internacional acerca de los efectos que este caso pueda tener para las y los investigadores de todo el país. Incluso señalan que el hecho podría afectar la colaboración que México mantiene con instituciones académicas de otras naciones.
“Además de los preocupantes aspectos en materia de derechos humanos de su situación, estamos preocupados porque las acciones en contra de nuestros colegas pueda tener un efecto intimidante en la comunidad científica de México, así como por las implicaciones potencialmente negativas en la colaboración científica internacional”, son las palabras de la NASEM.
Hasta el pasado viernes 7 de octubre sumaban 5 investigadores e investigadoras que han acudido a la FEMDO para declarar por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado. Sin embargo, la fiscalía anunció que por el momento se van a suspender las comparecencias debido a un caso de COVID-19.
Quienes ya se presentaron para comparecer son Julia Tagüeña, ex coordinadora del Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología, José Franco, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Patricia Zúñiga, fundadora del Foro, Gabriela Dutrénit, coordinadora del foro y Rafael Pando Cerón, exdirector de Planeación, Evaluación y Seguimiento Tecnológico y secretario técnico del Fondo Sectorial del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT).
Sin embargo, las y los investigadores se han reservado su derecho a declarar. Hasta el momento, sólo se sabe de 3 casos en los que la FGR ya dio entrega de la carpeta de investigación a las y los acusados. La información se dio a conocer por el abogado Jesús Moreno Lejia, quien defiende a Julia Tagueña, José Franco y Gabriela Dutrénit.
El conflicto comenzó cuando la la dirigencia del CONACyT, encabezada por Elena Álvarez-Buylla, decidió dejar sin fondos al Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología, el cual se encargaba de repartir el dinero del Consejo para diferentes iniciativas de investigación en ciencia. Ante ello, las y los miembros del Foro disputaron la decisión.
La situación escaló hasta que la dirigencia de Álvarez-Buylla solicitó a la FGR que investigara a las y los miembros del Foro Consultivo por los delitos mencionados anteriormente. Desde ese momento, la fiscalía de Gertz Manero no ha cesado en sus intentos de procesar a las y los académicos.
El hecho causó indignación, entre otras razones, porque la fiscalía pidió que las y los investigadores fueran remitidos al penal de máxima seguridad en Almoloya de Juárez, donde han estado personajes como Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.
Algunas personas acusan que el hecho también se trata de una venganza por parte de Alejandro Gertz Manero, quien había intentado sin éxito entrar al Sistema Nacional de Investigadores debido a falta de méritos. Con la entrada de Álvarez-Buylla, sin embargo, Gertz Manero pasó a convertirse en un investigador del nivel III. Ante ello, la comunidad científica dentro y fuera del CONACyT reclamó que el hecho se trata de una injusticia y acuso influyentísimo. (Fuente: infobae.com)
