Por Itzel Chan
MÉRIDA, MX.- Activistas, personas integrantes de diversos colectivos y organismos de la sociedad civil han denunciado que las autoridades responsables del Tren Maya han violado los derechos humanos de las personas que se han encargado de promover amparos, puesto que a pesar de que algunos han conseguido suspensión, las obras se siguen realizando, además que hay caso en los que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) ofreció seis mil pesos de renta a personas que cedieron los terrenos de sus casas, pero no tienen mayor certeza.
En rueda de prensa, integrantes del Consejo Regional Indígena Popular de Xpujil (Cripx), Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), Indignación, A.C. Kanan Derechos Humanos A.C. y activistas se dieron a la tarea de recalcar las anomalías en las que sigue recayendo la autoridad federal en torno a la construcción del Tren Maya.
Kalycho Escoffié, abogada especialista en derecho a la vivienda, expuso que desde un inicio fueron identificadas 3 mil familias que fueron avisadas que serían desalojadas por estar en los tramos por los que pasaría el tren.
Sin embargo, la especialista recalcó que hay casos que por ejemplo, debido a la presión social, el Fonatur ha cambiado de decisión para evitar que estas familias sean desalojadas, tal como el caso de Tres Barrios.
No obstante, hay otros casos que no han corrido con la misma suerte, sobre todo, Escoffié resaltó que se trata de comunidades indígenas, debido a la presión que las autoridades han ejercido, las personas sí han cedido el derecho sobre sus terrenos.
“Sigue la presión por ejemplo en Escárcega y en Candelaria, en donde las personas han denunciado desalojo forzoso y han dicho que las autoridades las han presionado diciéndoles que si no aceptan moverse de la zona no recibirán indemnización de vivienda”, comentó.
De igual forma, las personas han sido objeto de presión para que retiren los amparos que han sido interpuestos por diversos temas.
En relación al desalojo de vivienda, son cinco amparos los que se han interpuesto en la península de Yucatán y Escoffié especificó que hay casos en los que al retirarlos de sus hogares, Fonatur les ofreció seis mil pesos para que renten un lugar, pero más allá de este apoyo, no tienen algún documento que avale que les apoyarán en obtener una vivienda en otra zona, es decir, no tienen certeza jurídica.
“Al menos en Candelaria, les dieron 6 mil pesos a las personas para una renta después que cedieron sus terrenos, pero no se les está dando algún documento. Hay casos también en donde quienes cedieron fueron personas que rentaban, es decir, se trata de un procedimiento en el que ni siquiera comprueban bien si son los propietarios”, aseveró.
La abogada dijo que la autoridad comete estos actos sobre todo en comunidades indígenas en donde la población se encuentra en vulnerabilidad y en la mayoría, desconocen el procedimiento idóneo.
Además de las comunidades de Campeche en donde se han presentado casos de este tipo, en Yucatán fue detectado que en Maxcanú habitantes han sido objeto de este actuar.
Otras acciones irregulares cometidas por Fonatur de acuerdo con las observaciones de la abogada es que en otras circunstancias, el tipo de casas que ofrecieron a cambio de los terrenos que están cerca de las vías del Tren Maya, no fueron consultadas antes con las personas involucradas.
Escoffié mencionó otra anomalía más, ya que las autoridades les han dicho a las personas que sí les apoyarán con la construcción de sus nuevas casas, pero ellas tienen que poner el terreno.
Actualmente hay cerca de 30 personas que sí han presentado demandas legales por estos casos mencionados, ya que otras han cedido por la presión y por la falta de respuestas en los procesos de amparo.
Pese a suspensiones, obras continúan
Miguel Anguas, integrante de la asociación Indignación, mencionó que hay una serie de violación a derechos humanos porque hay tramos en los que deberían ser detenidas las obras como consecuencia de amparos interpuestos, pero esto no ha pasado, ya que siguen con las actividades.
De igual forma, mencionó que aunque en promedio deberían ser resueltos los amparos en tres meses, las autoridades correspondientes se han llevado un año o más a fin de beneficiar la continuación de las obras.
Aarón Siller, de la oficina sureste del Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C. (CEMDA) dijo que en un sobrevuelo realizado los días 24 y 25 de abril del presente año, detectaron que Campeche es el estado en donde hay más suspensiones y pese a esto, continúa el desarrollo del Tren Maya.
Al respecto, Xavier Martínez, director técnico operativo del CEMDA resaltó que en el caso de este organismo han interpuesto tres amparos por el tema ambiental, por violación al consentimiento indígena y por la falta de consulta ambiental y ninguna ha procedido.
A pesar de que las personas que presentaron estas anomalías, confirman que no buscan que las obras del Tren Maya sean suspendidas en su totalidad, sí buscan lograr que se regularice en algunos tramos, bajo la premisa del respeto a los derechos humanos. (Noticaribe)