CAMPECHE, MX.- Figura estelar en el gabinete de la gobernadora Layda Sansores San Román, la guanajuatense Marcela Muñoz Martínez, secretaria de Seguridad Pública, no ha dejado de dar de qué hablar desde que se oficializó su nombramiento, apenas el pasado 16 de septiembre, publicó Proceso.
Hoy, su más reciente escándalo, la imposición de su hijo Arturo Bravo Muñoz como vicefiscal general de la Fiscalía General del Estado (FGE) llegó hasta la tribuna legislativa, donde el coordinador de la bancada priista, Ricardo Medina Farfán, denunció la ilegalidad del nombramiento pues el “muchacho” no cumple los requisitos.
El también exdirigente estatal del PRI y exsecretario de Gobierno descalificó los argumentos con que el fiscal general del estado, Renato Sales Heredia, intentó justificar ante la opinión pública el cuestionado nombramiento del hijo de la influyente funcionaria.
El joven michoacano recibió oficialmente su nombramiento como vicefiscal general la tarde del pasado viernes 19 de noviembre de manos de Sales Heredia, excomisionado nacional de Seguridad, lo que atizó las críticas hacia la polémica secretaria de Seguridad Pública.
“Trabajó en la Guardia Nacional, en Control Interno precisamente; fue agente del ministerio público, y cumple con todos los requisitos y, efectivamente, está recomendado por su madre, que es la secretaria de Seguridad, pero eso no le impide desempeñarse en un cargo como este”, justificó Sales Heredia.
Y destacó que “las penas trascendentales en nuestro país están prohibidas por la constitución. ¿Qué significan las penas trascendentales? Que uno tenga que pagar por lo que sean o hagan sus padres, abuelos o bisabuelos…”, atajó en una entrevista con medios locales.
“No es mi hijo, no es mi sobrino, no es mi primo. No trabaja en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, trabaja en otra dependencia”, afirmó sobre el cuestionamiento de si es este un caso de nepotismo.
En defensa del joven, el fiscal general insistió: “revisemos la ley y en este caso de ninguna forma. Lo que no se puede es trabajar en la misma dependencia, trabaja en otra y cumple con los requisitos para el cargo”.
“Pasó sus exámenes de control de confianza, que incluyen el poligráfico, el de entorno social y económico, el psicológico, el toxicológico; no es un examen fácil precisamente el que se formula para ingresar a la fiscalía”, aseguró.
Pero hasta ahora la FGE no ha hecho público su currículum.
Denuncian conflicto de intereses
En la sesión legislativa de hoy, Medina Farfán llevó el tema hasta la tribuna legislativa, donde refutó al fiscal.
“Esta semana un tema captó la atención de la opinión pública, fue ampliamente señalado, cuestionado y generó inconformidad, molestia. Fue la designación del señor Arturo Bravo como vicefiscal general del estado”, dijo, y recalcó:
“Sin duda alguna hay conflicto de intereses”.
Añadió que el otorgamiento de ese tipo de cargos, como el vicefiscal del estado, “no es un tema menor”.
Explicó que la importancia está en que “representa ser parte fundamental de una institución que tiene a su cargo la persecución de los delitos, de hacer cumplir la ley en nuestro estado y por ende, en consecuencia, la ley orgánica de la FGE, que establece con mucha puntualidad los requisitos que debe cumplir cualquier persona para ser titular de la institución o un vicefiscal en el estado”.
En ese sentido detalló que los artículos 21 y 24 de la Ley Orgánica de la FGE establecen los requisitos que deben cumplir tanto el fiscal como el vicefiscal.
Detalló que el artículo 21 estipula que para ser fiscal general es necesario ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos; tener cuando menos 30 años de edad el día del nombramiento; poseer el día del nombramiento título y cédula profesional de licenciatura en Derecho con antigüedad mínima de cinco años.
También, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite sanción privativa de la libertad de más de un año, pero si se tratare de robo, fraude, falsificación o abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, lo inhabilitara para el cargo cualquiera que haya sido la sanción.
Además, haber residido en el estado los últimos cinco años, no padecer adicciones, no estar suspendido ni haber sido destituido o inhabilitado como servidor público.
Destacó que el artículo 24 establece que para ser vicefiscal general se requiere cumplir los mismos requisitos que para ser fiscal general.
“En el caso que nos ocupa, estos temas generan repercusión en la entidad, pues de acuerdo con información pública, encontramos datos que nos hacen pensar que estas disposiciones no se cumplieron en el caso del nombramiento del señor Bravo”, resaltó.
Al respecto, expuso que en la documentación pública que encontraron de Arturo Bravo Muñoz su fecha de nacimiento está datada en 1992, por lo que tenía los 30 años cumplidos al momento de su nombramiento; su cédula profesional, la número 11557138, fue expedida en 2019, es decir, hace dos años; y tampoco cumple con los cinco años de residencia en el estado.
“Estos datos nos preocupan porque, insisto, una institución como lo es la FGE esta para cumplir la ley y los funcionarios que la encabecen deben un respeto escrupuloso a la leyes”, señaló.
Así mismo, informó que la fracción parlamentaria del PRI envió hoy un oficio a Sales Heredia con las mencionadas observaciones.
“Y, en el uso de nuestras atribuciones constitucionales le pedimos que no solo sirva responder estos señalamientos, sino que presente el expediente administrativo en el cual se basó para dar este nombramiento, porque la ciudadanía campechana merece esa información. Son datos que exige la ley y deben ser constatados”, finalizó.
Otro nombramiento polémico
Arturo es el segundo de sus hijos al que Muñoz Martínez consiguió en el estado un cargo público de alto nivel.
El pasado 1 de octubre, en cuanto entró en funciones la nueva administración del ayuntamiento de El Carmen, el alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus, formalizó el nombramiento de Samantha Bravo Muñoz como titular de la Policía Municipal.
Marcela Muñoz Martínez, la primera mujer que ocupa la titularidad de la SSP, fue presentada por la gobernadora al primer minuto del pasado 16 de septiembre, cuando arrancó su periodo la nueva administración estatal.
El suyo es uno de los nombramientos que más llamó la atención. Aunque es oriunda de Guanajuato, su trayectoria policial la inició en Morelia, Michoacán. Es licenciada en Psicología Educativa, además de que ostenta dos maestrías, una en Psicoterapia Familiar y otra en Seguridad Pública y Políticas Públicas.
Su cargo previo fue de directora general de Seguridad Ciudadana en el gabinete que encabezó Sansores San Román en Álvaro Obregón, en la capital del país.
Antes laboró en Michoacán como suboficial de la Policía de Morelia; directora de Atención a Víctimas; coordinadora de Salud y Desarrollo Social; jefa de departamento Técnico y de Tratamiento del Centro de Readaptación Social de Sahuayo, entre otros cargos. (Fuente: Proceso)