Por Itzel Chan
MÉRIDA, MX.- Amnistía Internacional hizo un llamado de manera pública para que el alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, acepte y cumpla con la recomendación indicada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) relacionada con el caso José Eduardo.
La recomendación a la que hacen referencia está marcada con el número 50/2022/VG y en este sentido, la agrupación pide a las autoridades municipales y estatales a garantizar el acceso a la justicia de la familia de José Eduardo, joven veracruzano que perdió la vida en Mérida luego de ser víctima de presunta tortura y abuso sexual.
Sobre la recomendación emitida por la CNDH, el alcalde Renán dijo que por ahora están en proceso de análisis del documento, pero asegura que en breve tendrán una respuesta.
Mientras tanto, expuso que la administración municipal seguirá colaborando con la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General de la República (FGR).
En este sentido, Amnistía Internacional recordó que el pasado 3 de agosto, José Eduardo Ravelo murió a causa de múltiples lesiones internas tras contar a su madre que la policía lo había torturado bajo custodia días antes en Mérida.
“Instamos al Fiscal General a garantizar que se lleve a cabo una investigación independiente y exhaustiva sobre todos los posibles crímenes cometidos contra José Eduardo, y a garantizar también a su madre pleno acceso a la justicia y la reparación”, compartieron miembros de la agrupación.
Asimismo, dieron a conocer que las personas responsables de la investigación en torno al caso se han negado a utilizar el Manual para la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (“Protocolo de Estambul”), que contiene directrices esenciales para documentar eficazmente la tortura.
La negativa se debe a que alegan que no pueden utilizar este manual para investigar sobre personas fallecidas.
La agrupación compartió otros casos de tortura tal como lo sucedido el 5 de mayo de 2020, cuando Giovanny López, albañil de 30 años, murió después de ser golpeado por la policía en Jalisco, presuntamente por no portar cubrebocas.
También mencionaron el caso de Victoria Salazar, refugiada salvadoreña, quien murió a causa del uso excesivo de la fuerza a que fue sometida mientras estaba bajo custodia a manos de cuatro policías en Tulum, estado de Quintana Roo en marzo de 2021. (Noticaribe)