Por Itzel Chan
MÉRIDA, MX.- Desde el Congreso del Estado, esta tarde, el diputado local Rafael Echazarreta Torres, recordó que hay una sanción pendiente para el gobernador Mauricio Vila Dosal, presuntamente por incurrir en el pasado proceso electoral en Yucatán, ya que habría contribuido a la difusión de propaganda gubernamental en el periodo de campaña electoral, y que la hizo de forma personalizada, con uso indebido de recursos públicos por parte del Ejecutivo Estatal.
“Estamos ante una disyuntiva histórica, es hora que señalará y marcará el reloj de la vida democrática, y que nos obliga simplemente como un Poder autónomo a lo que la Constitución nos faculta y nos permite en ejecución y en el cumplimiento de la ley”, comentó el diputado en el pleno del Congreso del Estado.
De esta manera, el legislador local recordó que el pasado 14 de diciembre de 2021, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como última instancia, desechó el recurso promovido por el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal y dictó la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, que declaró la existencia de difusión de propaganda gubernamental en el periodo de campaña electoral.
Echazarreta Torres expuso que además esta propaganda la hizo de forma personalizada y con uso indebido de recursos públicos por parte del Ejecutivo Estatal, razón por la cual se debe investigar el hecho y además, el mandatario estatal debe recibir la sanción correspondiente.
“Esa fue la sentencia emitida por el Tribunal. En consecuencia, el gobernador cometió el delito electoral establecido en el artículo 11 bis de la Ley General de Delitos Electorales”, añadió.
Asimismo, mencionó que ya se agotaron las instancias legales a las que pudo acudir Vila Dosal y la sentencia está firme, además probada por una autoridad federal.
“Esto constituye de forma abierta, transparente y sin dolo una verdad legal. Este Poder Legislativo, tiene el orden y el poder para imponer una sanción ejemplar, que nos recuerde a todos que no podemos utilizar el poder público y el mandato ciudadano de forma obscura y muchos menos ilícita”, reiteró.
Sin embargo, reconoció que hasta ahora permea un silencio cómplice, y eso es altamente peligroso, puesto que llevaría al Congreso al filo de la ilegalidad.
“Y es el delito de incumplimiento de sentencias establecido en el artículo 87 de la Ley Electoral que sanciona hasta con seis años de cárcel, a quien incumpla una sentencia o no la haga cumplir. Compañeras y compañeros, diputadas y diputados; el Poder Ejecutivo no puede ser juez y parte desde el poder”, recalcó.
El legislador yucateco indicó que existen la pruebas suficientes para que se aplique la sanción, además que los delitos electorales son graves. (Noticaribe)
