Por Saraí Reyes
CANCÚN, MX.- El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (JUGOCOPO) de la XVI legislatura, Eduardo Martínez Arcila, defendió la permanencia del programa de ayudas sociales que tiene el congreso local porque dice que incluso el gobierno de la 4T trae esos esquemas que son válidos y legales, pese que ha sido cuestionado por la sociedad organizada que considera que no es facultad del Congreso hacer entrega de estos apoyos y que además son utilizados con fines políticos.
Lo anterior, luego de que este año ejercerán un presupuesto de 99.5 millones de pesos para el rubro de las polémicas ayudas sociales, algo para lo cual no tiene competencia y que representa el 20.5 por ciento del presupuesto total aprobado para el Poder Legislativo, razón por la cual el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) decidieron apelar la resolución del Juzgado Octavo de Distrito, con sede en Quintana Roo, que les negó el amparo porque alegó que el promotor no tiene interés legítimo.
“Notros siempre hemos afirmado que está de nuestro lado la ley en ese aspecto y al día de hoy no existe ningún tipo de determinación y mandamiento judicial que establezca lo contrario, que diga que hay algo ilegal ahí o que hay corrupción, entiendo el ruido mediático en torno a esto, pero esto una facultad que tienen los diputados y que la propia ley se los da y que no solo lo tiene Quintana Roo; lo tiene el congreso federal, lo tienen los senadores e incluso bajo este esquema de este nuevo gobierno de la 4T traen esos esquemas porque son totalmente válidos y legales”, señaló.
Cabe señalar que dentro de los argumentos del Comité de Participación Ciudadana, es que esta partida se entrega a cada diputado y cada uno, sin mayor criterio que su voluntad, puede disponer de este recurso para ayudas como despensas, láminas, medicamentos, entre otros.
Sin embargo, el diputado respaldó la decisión del Comité de Participación Ciudadana, de acudir a los tribunales para aclarar estas diferencias, y dijo que el uso que cada diputado le dé a estos recursos es responsabilidad de ellos y que si en esos procesos se detectan irregularidades de despilfarro o simulación de actos de gestión, se tendrán que presentar las denuncias. (Noticaribe)
