- Es universalmente reconocido que las adjudicaciones directas constituyen una de las prácticas que más se prestan a la corrupción. Este gobierno ha abusado de ellas a pesar de haber prometido que se erradicarían
- En 2021 se mantuvo la tendencia histórica en la que 8 de cada 10 contratos del gobierno han sido entregados por adjudicación directa.
- El porcentaje del monto de las adjudicaciones directas se mantiene arriba del nivel de los sexenios anteriores.
- En el área de servicios de comunicación social y publicidad, el 90% de los contratos se dieron sin licitar y las 10 empresas que han recibido más recursos ganaron el 100% de sus contratos por adjudicación directa.
- El IMSS, el Banco de Bienestar y el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) son las instituciones con mayores montos y porcentajes de adjudicaciones directas.
- Los conceptos de “Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios” y “Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio” concentran los mayores montos de adjudicaciones directas de la APF.
Las adjudicaciones directas a nivel federal
El 1 de diciembre de 2021, a tres años del inicio de este gobierno, el presidente Andres Manuel López Obrador aseguró que ya se habían establecido las bases de su proyecto de nación. Sin embargo, en el combate a la corrupción, particularmente en el área de las contrataciones públicas, se ha mantenido el mismo comportamiento que durante los sexenios anteriores. La autodenominada «Cuarta Transformación» representa otra oportunidad perdida para modificar el sistema de compras públicas mexicano.
Al analizar todas las compras de 2021 disponibles en la plataforma Compranet, seguimos identificado un uso excesivo de las adjudicaciones directas (8 de cada 10 contratos han sido dados por esta vía), presencia de empresas fantasma, así como la identificación de empresas que sistemáticamente son beneficiarias de las asignaciones por dedazo.
Las adjudicaciones directas son procedimientos previstos en la ley pero solamente como excepción debido a los riesgos de corrupción que implican. A pesar de ello, de acuerdo con los datos publicados en CompraNet (2021) se mantuvo como el método más usado para realizar contrataciones. Por esa vía, la Administración Pública Federal (APF) entregó un total de 157 mil 796 contratos durante este año. De ellos, el 80.3% se adjudicó directamente. En contraposición, las licitaciones públicas representaron 10.3% y las invitaciones restringidas el 6.1% de los procedimientos. Por último, hubo un 3.2% de contrataciones que se realizaron con otros mecanismos.
Desde una perspectiva histórica, estos resultados son apenas ligeramente superiores a los de otros sexenios. Pero habría que recordar la promesa verbal y por escrito en el PND de que este tipo de contratos desaparecerían por prestarse a la corrupción, es decir, eso de que “no somos iguales” es un embuste. Falacia absoluta. Además, queda por investigar la aparición de la categoría “otros” que, de no existir, pasó a tener el 3.2% de los contratos de la APF.
En términos de montos, las contrataciones de 2021 alcanzaron un monto de 386 mil millones de pesos, de los cuales 147 mil millones fueron entregados por adjudicación directa. Y 43 mil 387 millones bajo la indescifrable y opaca categoría de “otros”. Esta clasificación no permite conocer con claridad los riesgos de la contratación, sus esquemas de funcionamiento ni su marco regulatorio y representan el 11.2% del importe total de los contratos, un porcentaje incluso por encima de la invitación restringida que fue por 19 mil 407 millones.
En comparación con 2020, las adjudicaciones directas representan un porcentaje menor del dinero contratado y las licitaciones públicas uno mayor. Esto lo hace el año con menor proporción de monto por adjudicaciones de este sexenio después de que en 2020 se alcanzará el récord en la última década. No obstante, el porcentaje adjudicado en 2021 se mantiene por arriba de los niveles previos a 2019. Además, el monto de las otras contrataciones pasó de representar el 0.1% en 2010 al 13.8% en 2020 y el 11.2% en 2021. Así, el uso de las adjudicaciones directas en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador sigue siendo superior que al de Enrique Peña Nieto.
Las adjudicaciones directas suelen corresponder a montos menores que las licitaciones públicas debido a que los procedimientos son más susceptibles a actos de corrupción y cuentan con menos mecanismos para detectarlos. Sin embargo, su uso excesivo ha provocado también un incremento en los recursos entregados por este medio a pesar de los riesgos que implica. Además, un acercamiento a este tipo de contrataciones muestra que en los últimos dos años ha habido un incremento importante con los montos adjudicados. Entre 2016 y 2019 el monto promedio de estos contratos estuvo alrededor de un millón de pesos, alcanzando el nivel más bajo en 2019. Para 2020, el monto se disparó a 1.9 millones y en 2021 bajó a 1.2 millones de pesos. Contrario a lo que muchos funcionarios utilizan como justificación para la preeminencia de las adjudicaciones directas, no se trata de contratos pequeños por unos cuantos miles de pesos.
Adjudicaciones directas por concepto
Los contratos por adjudicación directa se distribuyen de manera desigual si los analizamos por concepto. Tan sólo cuatro de ellos (Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios, Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio, Materias primas y materiales de producción y comercialización y Servicios básicos, explican 100 mil millones entregados por esa vía.
El rubro de los servicios de comunicación social y publicidad se mantuvo como uno de los puntos de mayor atención pues el 90% de los contratos que se dieron en 2021 para este rubro se entregaron por vía de la adjudicación directa, lo cual representa un incremento con respecto al cierre del sexenio previo, en donde fueron 78%, y una continuidad con respecto al año pasado, cuando esta cifra se mantuvo en 90%.
Los contratos de publicidad del gobierno se concentraron principalmente en seis dependencias: el IMSS, la Lotería Nacional, el INFONACOT, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Hacienda. En lo que respecta a las empresas que recibieron más contratos y recursos, llama la atención que las 10 empresas principales recibieron el 100% de sus contratos por adjudicación directa. Es decir, ni un solo peso recibido por publicidad oficial de las siguientes 10 empresas fue otorgado en un proceso abierto, competido y transparente.
Las instituciones con mayores adjudicaciones directas
Las dependencias del gobierno federal también muestran serias diferencias en cuanto al porcentaje de contratos y montos asignados por asignación directa (link a tabla). En este caso, cuatro dependencias —IMSS, Banco del Bienestar, Insabi e ISSSTE— entregaron más de 68 mil millones de pesos mediante este mecanismo, y porcentajes descomunales en el número de contratos. Por ejemplo, el INSABI adjudicó de manera directa el 99% de sus contratos y el 99% de los montos contratados. En el caso del Banco del Bienestar el porcentaje de contratos fue de 69% pero el porcentaje del importe de esos contratos fue de 89%. También llama la atención el caso de DICONSA que entregó el 99% de sus contratos por adjudicación directa y el 87% del monto contratado.
Con el cierre de 2021, concluyó otro ciclo de contrataciones públicas en que las prácticas que han permitido los esquemas de corrupción no han sido atendidas. Por el contrario, este año se mantuvieron —y en algunos casos agudizaron— los riesgos de corrupción debido al uso intensivo de las adjudicaciones directas. Al mismo tiempo, la vigilancia ciudadana de los procedimientos de contrataciones se ha dificultado al incrementar notablemente el número de “otros“ procedimientos no clasificados dentro de los esquemas generales de contratación ni el marco legal al que pertenecen. A la mitad del camino desafortunadamente todo se ve igual que en el pasado y hay pocas esperanzas de que haya un cambio significativo para el cierre del sexenio. En cuanto a las compras del gobierno, no hay transformación alguna. (Fuente: Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad)
