- Al revisar las compras públicas de las entidades federativas, la licitación pública fue utilizada en 35% de las ocasiones y entregó el 56% de los recursos. Las entidades con más contratos dados por adjudicación directa fueron Colima (92.8%), Oaxaca (70.5%) y Michoacán (64.6%).
- Hay 9 entidades en que el mecanismo más utilizado para contratar no fue la adjudicación directa ni la licitación pública, sino la invitación restringida. Se trata de Guerrero (100%), Tlaxcala (91.4%), Tamaulipas (83.5%), Jalisco (60.8%), Baja California Sur (57.6%), Sinaloa (52.4%), Coahuila (45.2%), Nayarit (39.3%) y Campeche (37.2%).
Los fenómenos que hemos analizado en las compras del gobierno federal tienen su espejo en el orden de gobierno local. En la plataforma de CompraNet también existe información de las entidades federativas que, si bien no es exhaustiva sobre todas las compras estatales, nos proporciona una imagen de cómo se comportan las diferentes administraciones. En 2021 se tiene registro de 5,534 contratos. De estos, el 35.9%, o 1,984, han sido dados por vía de la adjudicación directa, seguidos del 35.1% por licitación pública y 28.4% por invitación restringida.
En cuanto al monto de los contratos, los estados realizaron contrataciones por un monto total de 20,598 millones tan sólo en el año 2021. De esto, la mayor parte —el 56.7%— fue licitada públicamente. En segundo lugar, el 21.8% recibió una invitación restringida. En tercer lugar, la adjudicación restringida, representó el 15.4% de los montos. Por último, los otros tipos de contrataciones alcanzó el 6%.
En comparación con los años anteriores, los datos muestran que este tipo de compras públicas ha mantenido un crecimiento en el número de adjudicaciones hasta el último año. Por otro lado, las licitaciones públicas tuvieron un descenso importante entre 2011 y 2016. Por otro lado, las invitaciones restringidas se han mantenido en alrededor del 25%, aunque han crecido en los últimos dos años.
Si vemos el cambio histórico en cuanto a montos, la licitación pública muestra una caída notable y constante desde 2011. Hace 10 años, este tipo de procedimiento representaba el 80% de los montos contratados, pero para 2021 este porcentaje cayó a 56.7%. Tan sólo en el último año hubo una caída de 13.2 puntos porcentuales de los montos contratados de esta manera. En consecuencia, las adjudicaciones directas e invitaciones restringidas han tomado mayor importancia.
A pesar de que el total de contrataciones a nivel estatal permiten conocer cuál es el estándar de la manera en que se realizan estos procedimientos, es necesario distinguir que cada entidad realiza las contrataciones de manera distinta. Por ello, es necesario hacer un acercamiento a cada uno de los 32 estados. Como resultado, las entidades pueden agruparse en 3 categorías:
- 10 Entidades en donde las adjudicaciones directas fueron el mecanismo más utilizado: Colima (93.8%), Oaxaca (70.5%), Michoacán (64.6%), Hidalgo (62.7%), Querétaro (54.4%), Veracruz (54.2%), Chiapas (52.3%), Guanajuato (49.4%), Tabasco (45.2%), Aguascalientes (44.2%).
- 9 Entidades en donde la invitación restringida fue el mecanismo más utilizado: Guerrero (100%), Tlaxcala (91.4%), Tamaulipas (83.5%), Jalisco (60.8%), Baja California Sur (57.6%), Sinaloa (52.4%), Coahuila (45.2%), Nayarit (39.3%) y Campeche (37.2%).
- 13 Entidades en donde la licitación pública fue el mecanismo más utilizado: Puebla (91%), Durango (80.2%), Nuevo León (74.3%), Yucatán (70.6%), Baja California (63.5%), Sonora (62.9%), Morelos (58.5%), Chihuahua (56.4%), Estado de México (54.5%), San Luis Potosí (49.4%), Zacatecas (47.1%), Quintana Roo (45.8%) y Ciudad de México (33.7%).
La preeminencia de las licitaciones públicas en algunas entidades no es una garantía de ausencia de corrupción, pero sí demuestra al menos un comportamiento diferenciado con respecto al de la mayoría de las entidades y al gobierno federal en su conjunto. Igualmente, es notable que existen casos llamativos en donde el mecanismo favorito es la invitación restringida a cuando menos 3 personas, que si bien ofrece menores riesgos que la adjudicación directa, sigue poniendo en manos de la autoridad la decisión unilateral de a quién se invita y a quién no. En este caso, resultan preocupantes los casos de Guerrero, Tlaxcala y Tamaulipas, en donde las invitaciones restringidas son casi la regla con la que se dan todos los contratos.
En cuanto a los montos totales de los contratos, la perspectiva cambia un poco, pues en este caso el 56.7% del total de recursos fueron dados por licitación pública, 21.8% por invitación restringida y 15.4% por adjudicación directa. En términos generales, esta proporción de adjudicaciones directas es inferior a la del gobierno federal (que en 2021 fue de 38.1%), aunque hubo cuatro entidades en donde la mayoría de los recursos sí se dieron mediante este mecanismo: Sinaloa (90.6%), Colima (83.4%), Nayarit (46.2%) y la Ciudad de México (44.5%). Estos son los casos más preocupantes, pues representan los mayores montos entregados por el mecanismo de contratación más riesgoso para la corrupción.
Ahora bien, al realizar una revisión histórica de los procedimientos realizados en cada estado, podemos identificar comportamientos alarmantes en cuanto al porcentaje de montos adjudicados por mecanismos riesgosos de adjudicación. Entre las 32 entidades destacan Colima, Sinaloa, Guerrero y Jalisco.
En el caso de Colima y Sinaloa, sobresalen por ser las dos entidades con mayor porcentaje de montos contratados por adjudicación directa. No obstante, este comportamiento se ha acentuado en los últimos años por diferentes factores. Como puede observarse en las siguientes gráficas, Colima y Sinaloa aumentaron notablemente sus adjudicaciones en el último año. En el caso particular de Colima, las adjudicaciones pasaron de representar el 19.9% al 81.4%. Es decir, aumentó 61 puntos porcentuales en un sólo año. Esto se debe a que el monto total de las contrataciones se redujo 82% en términos reales y porque no se realizó ninguna licitación.
Por su parte, Sinaloa pasó de adjudicar 3.4% de los montos contratados al 90.6%. Tal cambio es preocupante porque, a diferencia de Colima, este estado mantuvo prácticamente el mismo monto contratado que en 2020 (aumentó 3.4% en términos reales). Sin embargo, durante este año prácticamente se dejaron de realizar licitaciones e invitaciones restingidas en favor de los procedimientos con mayores riesgos de corrupción.
En los casos de Guerrero y Jalisco sucedió un proceso similar que en las entidades antes mencionadas, pero tendiendo al crecimiento de la invitación restringida. En Guerrero, la tendencia histórica muestra que durante 2021 sólo realizaron contrataciones por invitación restringida. Sin embargo, en este punto es importante señalar que tal cambio no se explica sólo por un aumento en estos procedimientos, sino porque esta entidad prácticamente no realizó contrataciones por medio de CompraNet, salvo 13 contratos por tres millones de pesos. Al respecto cabe señalar que Guerrero ha contratado por medio de esta plataforma más de 300 millones cada año de los que tenemos registro. Sin embargo, en 2021 el monto total tuvo una caída de 99% en precios de 2021 con respecto al año previo.
Las contrataciones de Jalisco también muestran una caída importante en los montos totales y de un marcado crecimiento de la invitación restringida. En los cinco años previos a 2021, se realizaron contrataciones por un monto total promedio de 2,792 millones (a precios de 2021). Para 2021 esto pasó a representar 911 millones (el 36% en comparación con los años previos). Dicho comportamiento es resultado de una notable caída del 92% en los montos absolutos licitados y un aumento del 35% de los montos absolutos contratados por invitación restringida.
Para un análisis pormenorizado de lo que sucede en las entidades federativas es necesario ampliar las fuentes de información más allá de Compranet, lo cual realizaremos en investigaciones futuras, pero esta primera imagen nos permite identificar el crisol de situaciones que deben atenderse en los diferentes puntos de la república, en donde son una minoría las entidades que no acuden de manera preferencial por la entrega directa o restringida de contratos. (Fuente: Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad)
