CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Desde junio del año 2020, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) se quedó sin titular; la presidenta Mónica Maccise presentó su renuncia luego de que el presidente López Obrador expresara dudas sobre la continuidad del organismo. Desde entonces, ha permanecido en una especie de pausa, publicó El Financiero.
Apenas el 10 de febrero, ante diputados federales, Irasema Zavaleta, la actual encargada de despecho del Conapred, defendió la permanencia de esta institución como órgano descentralizado, frente a la intención del presidente López Obrador de extinguirlo como instancia con autonomía técnica y de gestión, para adscribirlo a la Secretaría de Gobernación (Segob).
La actual responsable de organismo expresó que existe “preocupación” en el Consejo, pues es indispensable conservar la autonomía jurídica como órgano desconcentrado y eso tiene que ver con su naturaleza, como órgano que recibe y resuelve quejas por discriminación que se presentan incluso contra funcionarios del gobierno federal.
“Muchas de nuestras quejas llegan contra la propia Segob y la naturaleza de organismo descentralizado nos permite actuar de manera más independiente cuando se trata de quejas que llegan contra nuestra propia cabeza de sector u organismos que forman parte de la Segob como el Instituto Nacional de Migración (Inami)”, expuso.
Generar ahorros, el detonante
Con el argumento de la austeridad, el presidente López Obrador ha propuesto una reingeniería administrativa que concentre en dependencias del gobierno federal a 16 organismos que hoy son órganos descentralizados o desconcentrados, entre ellos el Conapred, que se sugiere sea absorbido por la Segob.
La propuesta fue confirmada por el Ejecutivo Federal en su conferencia matutina del 4 de febrero, pero planteó que aún no la hará oficial, pues irá poco a poco en las “batallas”. Su envío al Congreso será hasta después de que éste analice sus tres prioridades legislativas: reforma eléctrica, electoral y a la Guardia Nacional, expuso ese día.
A fines de abril de 2021, en una conferencia matutina el mandatario adelantó su idea: “es una reforma administrativa que vamos a llevar a cabo para ajustar al gobierno a las nuevas circunstancias, que no tengamos toda esta dispersión. Todos estos organismos autónomos, la mayoría no hace nada en beneficio del pueblo”.
“Tenemos varias denuncias de Conapred, que no cumple con el fin con el que fue creado y quisiéramos saber cuál es la situación de este organismo”, declaró.
Un borrador de la iniciativa sobre esa reforma administrativa comenzó a circular a fines de enero entre los organismos involucrados, por lo que funcionarios de Conapred que se reunieron el jueves 10 de febrero con la Comisión de la Diversidad de la Cámara de Diputados, trataron el tema y expresaron sus preocupaciones.
Esto porque, denuncian, no sólo se busca adscribirlo a Gobernación, sino llevarlo a un proceso de liquidación, en tanto que los recursos humanos financieros y materiales con que cuente se transferirían a la cabeza de sector, todo ello según el borrador del proyecto, mismo que el Poder Ejecutivo no ha refutado.
Se agrega que deberá darse “la liquidación de personal conforme a la legislación laboral” y sin embargo “no se autorizarán recursos adicionales” e incluso que habrá remanentes, mismos que deberán devolverse a la Tesorería de la Federación o en su caso al Instituto para Devolver el Pueblo lo Robado (INDEP).
La justificación de la propuesta para fusionar o eliminar a los 16 órganos desconcentrados y descentralizados es económica y en aras de “simplificar” la administración pública.
“(Su) existencia ya no resulta conveniente desde el punto de vista económico nacional o del interés público, por lo que se propone llevar a cabo una reingeniería que permita ejercer el presupuesto destinado a la estructura de manera responsable, eficiente y eficaz con base en el principio de austeridad”, dice el proyecto.
Para la coordinadora de Estudios, Legislación y Políticas Públicas del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación del Conapred, Paula Cristina Neves Nogueira, de concretarse la reforma se “afectaría en gran medida la autonomía del Consejo para recibir quejas por discriminación presuntamente cometidos por servidores públicos”.
La función del consejo de proteger a las personas de actos de discriminación “se vería debilitada si quedamos centralizadas como una unidad” o una instancia de Segob.
La discriminación no desaparece y va al alza
El Conapred fue creado en 2003 con independencia para actuar, pues sus funciones son atender y resolver las quejas que se le presenten por supuestos actos discriminatorios cometidos tanto por particulares como por servidores públicos.
Parte de sus atribuciones consisten en emitir resoluciones por disposición, cuando derivado de una queja se comprueban actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias, y por tanto se emiten medidas administrativas y de reparación que son obligatorias para la administración pública federal.
El Consejo es, además, la instancia rectora de las políticas dedicadas a erradicar la discriminación y apenas en diciembre pasado se avaló su Programa Nacional para la Igualdad y No discriminación 2021-2024 para desmantelar prácticas discriminatorias y lograr el cambio cultural en las instituciones y la sociedad.
Pero la propuesta de eliminación o fusión del Conapred se da en un escenario en el que, de acuerdo a este, se han agudizado manifestaciones xenofóbicas contra personas migrantes y refugiadas, la discriminación por preferencias sexuales y, por la pandemia de COVID los señalamientos de presunta exclusión de servicios o de centros educativos o de trabajo.
Según el informe más reciente de la Conapred, de 2020 –año en que renunció su titular– las quejas por presuntos casos de discriminación se han incrementado en más de 100%.
“De enero a diciembre de 2020 se observa un aumento del 130% en los reportes contra personas particulares y del 104% contra personas servidoras públicas federales, en relación con el mismo periodo de 2019”, reportó el organismo.
En 2020 se recibieron 182 quejas contra personas particulares y 105 contra personas servidoras públicas federales.
Durante ese año las principales causas de discriminación que se presentaron en las quejas fueron, condición de salud: 70 (23%), discapacidad: 57 (18.7 %), género: 34 (11.1 %), orientación sexual: 26 (8.5 %), y edad: 22 (7.2%).
Conapred también consignó que se atendieron 463 casos relacionados con COVID-19. En 277 casos (59.8%) se señaló a particulares físicas o morales –como empresas o fábricas como responsables– y en 173 casos (37.3%) a servidores públicos. (Fuente: Expansión Política)
