La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) publicó una segunda declaratoria de utilidad pública en la que anuncia un segundo paquete de terrenos que el gobierno federal pretende adquirir, o en su caso expropiar, para el nuevo trazo del tramo 5 del Tren Maya.
De acuerdo con información de El Economista, esta segunda declaratoria contempla una superficie de 530 hectáreas en fracciones de 231 inmuebles a lo largo del Tramo 5 Norte y 5 Sur del proyecto del Tren Maya en los municipios de Benito Juárez (Cancún), Solidaridad, Puerto Morelos y Tulum.
Se especifica que dos predios se encuentran en Benito Juárez; 40 en Puerto Morelos, 112 en Solidaridad y 77 en Tulum.
En la primer declaratoria del lunes 17 de enero de este año la superficie sobre la que se anuncia la intención de adquisición de terrenos por parte del gobierno federal es de 240 hectáreas divididas en 198 predios, de los cuales 22 se encuentran en Benito Juárez, 142 en Solidaridad y 34 en Puerto Morelos.
Es decir, que en total la Sedatu adquirirá, o en su caso expropiará, un total de 770 hectáreas en la zona norte de Quintana Roo.
En un comunicado del titular de Sedatu, Román Meyer Falcón, se expone que “el Gobierno de México comprará los predios necesarios para la construcción del Tren Maya.
“Esta declaratoria de utilidad únicamente señala las fracciones de los inmuebles que pueden ser utilizados para la construcción del proyecto y no implica en ningún momento expropiación inmediata”.
Meyer Falcón asegura además que ya tienen acuerdos con propietarios del 70% de los predios para que el gobierno federal compre los inmuebles.
“El 30% restante está en proceso de negociación por lo que, en caso de que la expropiación sea necesaria, se realizará sobre aquellos inmuebles cuyos titulares se desconocen. El proceso de adquisición de tierras se ha conducido con total transparencia y legalidad, respetando el derecho de los propietarios de los inmuebles objeto de la declaratoria. El proceso de obra, trazo y desarrollo del Tren Maya corresponde a Fonatur”, añade. (Fuente: El Economista)
