Por Itzel Chan
MÉRIDA, MX.- La asociación Artículo 19 en México expuso que el Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado (FGE) y la ex subsecretaria de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Leticia Noemí del Socorro García Maldonado, acosan, criminalizan y amenazan a periodistas de la entidad.
A través de un oficio marcado con la carpeta de investigación D1/1344/2020, la FGE informó a los representantes de medios de comunicación tales como Cambio del Sureste, Grillo de Yucatán, Infolliteras, Noticias al Punto, Yucatán al Segundo y la Noticia Ciudadana, que bajen de sus portales de información las noticias relacionadas con la revocación de jubilación y pensión de Leticia Noemí del Socorro García Maldonado.
En el documento que les fue enviado vía correo electrónico a los representantes de medios de comunicación, les dan un plazo de 24 horas para bajar la información solicitada, ya que de no hacerlo podrían hacerse acreedores a sanciones estipuladas en el Artículo 104 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Esto quiere decir que incluso pueden tener una amonestación, multa y hasta arresto de 36 horas.
Artículo 19 ha documentado que las notas que solicitan a los medios de comunicación que sean retiradas tienen que ver con presuntos actos de corrupción cometidos por la exfuncionaria.
Este hecho, de acuerdo con la organización, atenta contra el derecho a la libertad de expresión de la prensa, así como contra el derecho a la información de la ciudadanía.
Por otra parte, indican que no es la primera vez que la FGE impone este tipo de medidas, ya que en Yucatán se han documento otros casos de criminalización y acoso judicial cuando la misma exfuncionaria presentó una denuncia ante dicha instancia contra quien resulte responsable por la publicación de la nota periodística ‘Revocan su jubilación “dorada” a exfuncionaria luego de investigaciones del subsistema estatal anticorrupción’.
En este sentido, Artículo 19 menciona que se trata de un contexto de violencia grave en contra de las y los periodistas, sobre todo que incitan a silenciar a la prensa local.
Desde la organización hacen un llamado a la FGE y al Poder Judicial para dar marcha atrás en contra de toda acción que criminalice a las y los periodistas de México y en este caso, de Yucatán.
De igual forma, piden a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán para que dé seguimiento mediante queja a este caso, además, llama al Mecanismo de Protección para atender este tipo de casos. (Noticaribe)
