Por Rafael Briceño
CHETUMAL, MX. – A menos de 30 días que terminen las campañas y luego que no se observa un posicionamiento de los candidatos y candidatas a la gubernatura y a las diputaciones locales, la Red Feminista Quintanarroense (RFQ) presentó su agenda denominada “Nunca más sin nosotras” en la que invita a los aspirantes a cargos de elección popular a firmar 30 puntos como una acción colectiva para conjuntar esfuerzos con los poderes Legislativo y Ejecutivo y plantear una serie de propuestas que lleven al disfrute de los Derechos Humanos.
En conferencia de prensa virtual, manifestaron su confianza de que, así como lo han hecho con empresarios, los candidatos y candidatas a la gubernatura del Estado accedan a firmar la carta compromiso: “están pidiendo nuestro voto y queremos saber con quienes contamos”.
Hasta el momento únicamente la candidata a diputada por el distrito 14 del partido Movimiento Ciudadano, Erika Cornelio, ha firmado dicho compromiso.
Las integrantes del colectivo feminista recordaron que, desde el 2017, los municipios de Benito Juárez, Solidaridad, Cozumel, Lázaro Cárdenas, Felipe Carrillo Puerto, Tulum y Othón P. Blanco están bajo la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, lo cual pone en evidencia la gravedad de un problema que afecta a mas de la mitad de la población.
Asimismo, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Púbica, en 2021 Quintana Roo ocupó el primer lugar en la tasa de feminicidios nacional y el segundo lugar en trata de personas, especialmente mujeres y niñas, aunque la cifra negra de violencia y agresiones a mujeres es mucho mayor.
Las mujeres exhortaron a quienes tomarán protesta de los nuevos encargados a partir de septiembre a incluir en sus planes de gobierno y en la agenda legislativa las propuestas contempladas en la agenda feminista, las cuales están sustentadas en tratados internacionales y en concordancia con la deuda histórica del Estado mexicano tiene con todas las mujeres que han sido asesinadas y violentadas por el sistema patriarcal.
La RFQ propuso a candidatas y candidatos a las diputaciones la presentación de una iniciativa para la creación del tipo penal de Feminicidio Infantil en el Código Penal del Estado; presentación, discusión y aprobación de un paquete de iniciativas para despenalizar el aborto y armonizar el Código Penal, la Ley de Salud en el Estado y la Constitución del Estado con el precedente emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en septiembre de 2021, en el que establece la inconstitucionalidad de la criminalización del aborto en el país.
Además, incluir en la Ley de Educación del Estado, la educación integral de la sexualidad; armonizar las leyes y disposiciones del estado de Quintana Roo con la recientemente aprobada Ley Ingrid a nivel nacional; presentación de la iniciativa de ley para contar con un padrón de agresores sexuales en el estado.
También una reforma a la Ley de Protección y Equilibrio Ecológico de Quintana Roo para que los programas de desarrollo urbano de los municipios, sea sostenible y sustentable con respeto a la interculturalidad del pueblo originario maya de Quintana Roo; Presentación de la iniciativa de reforma contra el acoso callejero; Presentación de la iniciativa de ley para la autodefensa feminista; Presentación de la iniciativa de reforma hacia la ley de movilidad en donde se incluya la perspectiva feminista y la pertinencia cultural;
Asimismo, la presentación de la iniciativa para incluir la violencia vicaria en Código Penal y tipificarla como delito; Presentación de la iniciativa de ley sobre 3de3 vs violencia, con la finalidad de que las personas con antecedentes como agresores de violencia familiar, delitos sexuales, delitos de violencia contra las mujeres en cualquiera de sus modalidades, o que tengan antecedentes como deudores alimentarios morosos y/o como agresores por el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, no puedan ser designados como titulares de organismos constitucionales autónomos, ni ocupar cargos públicos, honorarios y de elección popular; Realizar las adecuaciones normativas para asegurar el principio constitucional de paridad sustantiva en todos los organismos constitucionales autónomos; Aumento del presupuesto asignado a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo y del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral destinado a personas víctimas de delitos y violaciones a sus derechos humanos; y tipificar el hostigamiento laboral en el Código Penal del Estado.
En cuanto a las propuestas a los candidatos y candidatas a la gubernatura se encuentra la adopción de acciones que sean necesarias para ejecutar las medidas de seguridad, prevención y justicia que se enuncian en la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en Quintana Roo, emitida el 7 de julio de 2017 y todas aquéllas que se requieran para garantizar a las mujeres y niñas que se encuentran bajo su jurisdicción, el derecho a vivir una vida libre de violencia; establecer el principio constitucional de paridad sustantiva en todas las dependencias, organismos descentralizados y desconcentrados de la función pública, para funcionarios de primer nivel; generar los instrumentos necesarios para detectar prevenir y, en su caso, atender y sancionar, así como a reparar y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género; respetar e impulsar los criterios de la iniciativa denominada #3de3VsViolencia, absteniéndose se integrar en su gabinete legal, ampliado y la estructura orgánica de las dependencias del Ejecutivo a personas que cuenten con antecedentes de denuncia, investigación, procesamiento y/o sentencia ejecutoria como: 1. deudora de pensión alimenticia, 2. agresora sexual incluyendo el acoso y hostigamiento sexual, y 3. agresora contra las mujeres por razones de género en el ámbito familiar en cualquiera de sus manifestaciones; generando un mecanismo de verificación, validación, publicación y máxima difusión del cumplimiento de los mismos, colocándolo a disposición de la ciudadanía para su conocimiento y consulta
Además, impulsar en las agendas políticas, legislativas (en virtud de su facultad de iniciativa de leyes) y de gobierno, acciones sustantivas para promover, garantizar y proteger los Derechos Humanos de las mujeres y niñas, así como la erradicación de todo tipo de violencia, desigualdad y discriminación por razones de género, las cuales serán incluidas en el Plan de Gobierno Estatal, así como en sus respectivos programas y planes sectoriales; Elaborar una política pública transversal con perspectiva feminista e intercultural; Elaboración de un presupuesto público etiquetado a nivel estatal y municipal para la atención de políticas, planes y programas para frenar y erradicar la violencia contra las mujeres; Establecer en todos los hospitales de Sistema Estatal de Salud la obligatoriedad, respeto y aplicación irrestricta de la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM046). Garantizar los servicios de salud sin considerar la objeción de conciencia; Sistematizar información y generar estadísticas para visibilizar la violencia hacia mujeres y niñas, con el objetivo de plantear políticas eficaces para atender este grave problema; Crear un sistema de indicadores de desempeño e impacto de planes, programas, presupuesto, etc. con desagregación a mujeres, niñas y comunidades mayas; Implementar la certificación “Sello Violeta” en las empresas, hoteles, restaurantes, organizaciones y dependencias públicas con la finalidad de prevenir la violencia y la discriminación laboral hacia las mujeres; Reordenar el espacio urbano, considerando espacios públicos seguros y sanos para el tránsito, convivencia, desarrollo personal y recreación de las mujeres; Garantizar la libre expresión de las mujeres, a informar y estar informadas sin censura, a la libertad de reunión y asociación, a ejercer la libertad de la protesta individual y colectiva; Eliminar la criminalización social y política de las mujeres y de las defensoras de derechos humanos; Establecer una estrategia efectiva para la prevención y atención de la trata de personas en el estado; y Generar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que permitan conocer la ejecución y resultados obtenidos de los programas sociales que atienden la violencia de género. (Noticaribe)