Por Itzel Chan
MÉRIDA, MX.- Yucatán ha sido posicionado como una de las entidades más seguras en México, sin embargo, académicos y activistas confirman y registran que mucha de esta imagen depende del abuso policial que se comete al momento de detener a una persona, además que la discriminación es también una constante en estas situaciones.
La organización de Derechos Humanos Elementa DDHH publicó el informe Intolerancia selectiva: historias de detención arbitraria y abuso policial en Yucatán, en el cual se revelan las violaciones cometidas en nombre de la seguridad en el estado.
En este sentido, activistas y personas académicas que han colaborado en este estudio especifican que el modelo de seguridad en la entidad surgió a partir de la mal llamada “guerra contra el narcotráfico”, lo cual ha propiciado un escenario perfecto para justificar detenciones arbitrarias y uso indebido de la fuerza policial.
A manera de ejemplo, se detalla que la presencia policial y militar ha ido en aumento desde 2010, ya que para entonces existían 3 mil 762 cuerpos policiales desplegados, los cuales aumentaron a 4 mil 932 para 2016 y a 5 mil 290 en 2020.
Con estas cifras, Yucatán se convierte en uno de los estados con más alta tasa de policías por cada 100 mil habitantes.
El estudio contiene testimonios de personas que incluso han sido detenidas por verse ‘sospechosas’, lo cual estaría violando sus derechos humanos.
Para 2020 Yucatán fue el estado que más personas puso a disposición ante un juez o ministerio público con 194 mil 438, de las cuales, el 74.3% fue por presunta comisión de una falta cívica.
En este rubro destaca Mérida, puesto que en este municipio fue donde se realizaron más detenciones en la vía pública por esta razón.
“El registro de información realizado por la Secretaría de Seguridad Pública presenta graves deficiencias pues no detallan el tipo de faltas o delitos por los que fueron puestas a disposición. Esto nos da una idea del amplio nivel de arbitrariedad con que puede detener la policía y poner a disposición a una persona”, indican.
Se incluyó una encuesta también en la que el 91% de las personas que participaron consideró que la discriminación fue un factor determinante para su detención.
La discriminación presente sería por motivos de género, raza, etnia, clase, preferencia sexual, vestimenta y es el móvil de las detenciones y el criterio principal de la policía para establecer qué persona es sospechosa en ciertos espacios.
“Esto configura una intolerancia selectiva bajo la cual opera la política de seguridad en Yucatán, lo que ha resultado en prácticas discriminatorias y vulneraciones a derechos humanos”, reiteran.
Al ser cuestionado Mario Arturo Romero Escalante, director de la Policía Municipal de Mérida (PMM), mencionó que se han mejorado los protocolos de detención.
“Nuestra gente ha estado tomando cursos precisamente de derechos humanos y de uso adecuado de la fuerza pública. No hemos parado en ese tipo de capacitaciones y hemos mejorado varios protocolos”, indicó.
Resaltó que la confianza que tiene la ciudadanía en los policías de Mérida es alta, por lo que no se pone en duda la capacidad de los mismos.
Sin embargo, reconoció que sí han dado de baja a policías municipales por un actuar indebido.
“Un elemento golpeó a una persona sin necesidad y fue dado de baja de la corporación. Eso fue hace dos años. Cuando un elemento actúa mal y se comprueba, no es una baja automática; sino que pasa a la comisión de Honor y Justicia que, luego de una investigación determina las medidas a tomar”, mencionó. (Noticaribe)
