Por Saraí Reyes
CANCÚN.- La Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) Cancún llevó a cabo la instalación de 12 Comités de Procuración de Justicia para brindarles apoyo y proteger a las más de 25 mil trabajadoras de centros hoteleros y buscarán fomentar la cultura de la denuncia cuando sean víctimas de algún delito.
Al respecto el fiscal general del estado, Óscar Montes de Oca, indicó que con estas acciones se busca que las mujeres tengan acceso efectivo a la justicia, capacitarlas en mecanismo de prevención del delito, por lo que cada uno de los comités tendrá la responsabilidad de detectar conductas incorrectas que se relacionan principalmente con delitos como: violencia de género, violencia familiar, hostigamiento y acoso sexual, con la finalidad de disminuir los índices de impunidad y fomentar la cultura de la denuncia.
“Primero que ustedes identifiquen cuáles son los tipos de violencia no solo las físicas y las psicológica, está la económicas, la patrimonial, la documental, hay siete violencias que podemos Identificar y que en su momento el equipo de la fiscalía transmitir a esa información ustedes, el segundo objetivo de estos comités de procuración de Justicia, es que ustedes sepan cómo denunciar a dónde denunciar, qué hacer cuando una de ustedes es víctima de esos hechos lamentables y para ellos aquí en la CROC ya se resignó un ministerio público para las veces que ustedes quieran y nos pidan los líderes”, explicó el fiscal.
Montes de Oca, abundó que anualmente la fiscalía procesa aproximadamente 45 mil carpetas de investigación, donde el delito más denunciado es el robo con un 30%, pero lamentablemente el segundo lugar es la violencia familiar que ocupa entre el 12 y el 15% los que representa entre 7 a 8 mil carpetas de investigación que se inicia cada año.
Estos comités tienen cuatro objetivos: el primero es identificar los tipos de violencia, segundo, ¿cómo denunciar, dónde y qué hacer?, en caso de ser víctimas del delito, tercero, ¿cuáles son sus derechos? Debido a que las autoridades tienen la obligación de dar medidas de protección para impedir que el “violentador” se acerque o incluso sacarlos de la vivienda y por último ofrecer los servicios que da el estado como atención para la custodia, pensión alimenticia, además de la conclusión de los estudios y servicios de bolsas de trabajo. (Noticaribe)
