Ciudad de México.-La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex)m pidió al Gobierno Federal solucionar “de forma urgente” las discrepancias con Estados Unidos y Canadá, en el marco del Tratado de Libre Comercio, por las acciones que considera “discriminatorias, que han afectado la libre competencia y que incumplen lo firmado en ese acuerdo.
En un comunicado, señaló que esos desacuerdos podrían traducirse en “sanciones multimillonarias y pérdidas que todos (los mexicanos) tendríamos que asumir.
“El país requiere solucionar este tema de forma urgente por la vía del diálogo y el entendimiento. No se debe poner en riesgo el arribo de más inversiones que son necesarias en un momento en el que el país atraviesa severas dificultades económicas.
“El T-MEC lo firmó y respaldó la presente administración, nadie acusó en ese momento una supuesta traición a la patria, sino que se reconoció como un tratado positivo.
“Hoy, debe cumplirse la palabra empeñada; son compromisos asumidos por los tres países y que son la base para que nuestros productos y servicios también puedan llegar al mercado de esos países vecinos y se nos respete”, añadió.
El texto recordó que, al anuncio del inicio de las Consultas con Estados Unidos realizado el 20 de julio pasado, se sumó al día siguiente la también adhesión de Canadá al proceso, ya que de igual forma consideraba lesionados sus derechos al amparo del T-MEC.
Explicó también que este proceso de consultas es un mecanismo de solución de controversias mediante el diálogo y entendimiento, pero, de no lograrse acuerdos, puede llegar a ser tan solo la antesala de una segunda fase:
La conformación de una Comisión; y en una tercera y última fase: un Pánel que emitirá un Informe Final.
Si el Informe se incumple, Estados Unidos y Canadá tendrían el derecho de reclamar una compensación multimillonaria o imponer aranceles a productos clave mexicanos, los cuales podrían representar represalias y enormes pérdidas económicas para el país.
En este sentido, la agrupación advirtió que podrían imponerse aranceles a productos mexicanos “que hoy orgullosamente” exportamos como son la cerveza, tequila, aguacate, tomate, frambuesa, moras, fresas, automóviles o sus autopartes, entre muchos otros.
Con ello, presumió, los precios subirían y “saldríamos del mercado de Norteamérica”, ya que productos similares de otros países pudieran ser más económicos y, por ende, atractivos.
¿Qué pasaría con estados completos como Michoacán si dejaran de exportarse miles de toneladas de aguacate? ¿Cuánta gente perdería sus empleos y cuántas familias verían en riesgo sus ingresos? Ese es el riesgo que enfrentamos: un golpe catastrófico a nuestra economía, alertó.
Asimismo, sostuvo que, tanto el gobierno de Estados Unidos como el de Canadá argumentan que las nuevas disposiciones en materia energética violan los compromisos adoptados en el capítulo dos sobre trato nacional y acceso a mercados por restricciones de importación y exportaciones.
En el capítulo 14 sobre inversiones; y en el capítulo 22 sobre empresas propiedad del Estado y el capítulo 26 sobre competitividad.
Reconocemos que para dar respuesta, la Secretaría de Economía y la Secretaría de Relaciones Exteriores están trabajando en equipo para iniciar un diálogo técnico y con argumentos.
En este sentido, consideró que el Gobierno Federal debe considerar acciones en las que la Coparmex ha insistido, “no para beneficio de ninguna empresa, ni nacional ni extranjera, sino para contar con las condiciones para que el país pueda seguir creciendo y cuente con energía suficiente”.
Entre ellas, citó dar marcha atrás a la reforma de la Ley de la Industria Eléctrica “que premia la ineficiencia de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en lugar de hacerla competitiva, y “que nos condena a los mexicanos a tener que pagar energía eléctrica cada vez más cara y generada de forma contaminante quemando carbón y combustóleo, en lugar de apostar por energías como la solar o la eólica (viento)”.
Asimismo, frenar las barreras, trabas, demoras, denegaciones y revocaciones de permisos que tienen las empresas privadas; barreras que el gobierno ha puesto para dar preferencia a Petróleos Mexicanos (Pemex), cuando en lugar de ver a estas empresas como rivales podrían y deberían concebirse como complementarias.
También consideró violatoria la decisión de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) hecha en 2019 de ampliar el plazo a 2025 para que Pemex reduzca el contenido de azufre en el diésel comercial.
Esto, sostuvo, ocurrió porque Pemex no desarrolló la infraestructura necesaria para producir diésel de Ultra Bajo Azufre (DUBA) y al que está obligado por diversas normas y por ser una exigencia para mejorar el medio ambiente y evitar riesgos a la salud de las personas.
En este sentido, pidió eliminar el decreto hecho en junio pasado por el que la Secretaría de Energía obligaba a las empresas a comprar gas natural a Pemex y a la CFE.
Esto, porque el gobierno tiene capacidad no aprovechada y en lugar de buscar soluciones de mercado, optó por hacerlo por decreto.
Igualmente, pidió considerar que la Asamblea General de la ONU declaró recientemente el acceso a un medio ambiente limpio y saludable, como un derecho humano universal que deberá respetarse. (Infoqroo)