Por Saraí Reyes
CANCÚN, MX.- En materia de impartición de justicia laboral, la administración del gobernador Carlos Joaquín logró durante este periodo que está por concluir recuperar 2 mil millones de pesos a favor de los trabajadores en los casos que fueron resueltos de los convenios extrajudiciales, pago de laudos, ejecuciones y demás procedimientos, informó la secretaria del trabajo, Catalina Portillo Navarro.
Lo anterior, luego de recordar que a partir de noviembre del 2021 se puso en marcha el nuevo sistema de justicia laboral Quintana Roo a través de las Procuradurías y los 3 Centros de Conciliación Laboral que han permitido resolver alrededor de 22 mil de los más de 46 mil casos que se tenían pendientes en las juntas.
“Lo más importante también es la justicia laboral que ha recuperado en estos 6 años 2 mil millones de pesos a favor de los trabajadores en convenios extra judiciales, en pagos en laudos, en ejecuciones, entonces ha sido muy arduo el trabajo de las junta local, el tribunal, las especiales y de conciliación y arbitraje y continuamos trabajando y reforzando las procuradurías de la defensa del trabajo”. Indicó.
Destallo el proceso: en primera instancia los trabajadores acuden a la secretaría, se hace la cita y se logra por medios alternativos de solución la mediación, la conciliación, para no llegar a los tribunales laborales; en caso que dentro de los 45 días permitidos no haya un arreglo los conciliadores tienen la obligación de expedir una constancia de no conciliación. Esta etapa de conciliación es ahora obligatoria para las partes y prejudicial, esto es, antes de un juicio, mientras que en los tribunales federales se están llevando un periodo de 4 a 6 meses para resolver los diferentes juicios.
Finalmente celebró que esta gobierno estará heredando una guía de acción para las y los niños que trabajan, cuyos derechos hayan sido Restringidos o Vulnerables, es una de las acciones más relevantes realizadas por la Comisión Interinstitucional del Estado de Quintana Roo y que tiene el objetivo de vigilar y atender la protección de las niñas, niños y adolescentes, a fin de evitar actos u omisiones que atenten contra la salud física y mental de éstos, y por ende su normal desarrollo o derecho a la educación, anteponer el interés superior de la niñez. (Agencia SIM)
