HIDALGO, MX.- El secretario de Turismo de Hidalgo, Eduardo Baños Gómez, denunció a su hermano Lucio por una supuesta amenaza de muerte con un arma, como parte de una confrontación por la herencia familiar. Por esta acusación, Lucio fue recluido en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Pachuca desde el 5 de noviembre de 2021, publicó Proceso.
A seis días de cumplir diez meses en prisión –mismos que faltan para el cambio de gobierno en el estado–, un Tribunal de Enjuiciamiento determinó que no existen elementos para acreditar lo que acusó el integrante del gabinete de Omar Fayad Meneses, por lo que ordenó la libertad inmediata del hasta hoy recluso.
El conflicto se originó porque el secretario de Turismo y Lucio, como albacea de sus hermanos, disputan la posesión de una propiedad valuada en 7 millones 400 mil pesos que pertenecía a su difunto padre. Ambos se acusan de posibles delitos para apropiarse de esta residencia, que es parte de una herencia de 27 inmuebles que su progenitor repartió entre sus siete hijos.
La confrontación ascendió a denuncias penales por amenazas de muerte y despojo, dirigidas, por parte de Eduardo Baños, contra Lucio. La primera fue desestimada por una jueza el 11 de junio, cuando determinó la no vinculación a proceso, ya que consideró que no hubo despojo porque el acusado vivía con anterioridad en ese lugar. De la segunda, por la que seguía recluido en prisión preventiva por la causa penal 830/2021, fue absuelto esta tarde.
Al funcionario, a su vez, Lucio y sus demás hermanos lo acusan de falsificar la firma de su finado padre, Enrique Baños Zúñiga, acaecido el 8 de marzo de 2020, para apoderarse de la vivienda ubicada en bulevar Felipe Ángeles, en Pachuca, en la que habitó su ascendente hasta su muerte, objeto central de la disputa, más otro terreno en Jagüey de Téllez que, de acuerdo con el burócrata, tiene un aproximado de 500 metros, sin referir valor.
Las presuntas amenazas, según la denuncia del secretario, ocurrieron el 9 de marzo de 2020, un día después del fallecimiento de su padre, cuando, con base en su testimonio, aproximadamente a las cinco de la tarde, fue amagado con un arma de fuego de color negro y cromada, al parecer revólver de 38 milímetros. En su declaración inicial dijo que su hermano le apuntó el arma a la altura del pecho y le advirtió que no se le ocurriera demandarlo o denunciarlo: “que si lo hago me mata”.
El Tribunal, no obstante, resolvió, tras las pruebas presentadas por ambas partes, que no existen elementos que acrediten que el evento ocurrió. Por ejemplo, evidencia de una supuesta detonación al aire, más otros indicios además de las testimoniales.
La posesión es legal: Eduardo Baños
A cinco días de dejar el cargo que ha ocupado durante los seis años de administración del gobernador Omar Fayad, a cuyo grupo político pertenece, y horas antes de la sentencia, Eduardo Baños insistió en la legalidad de la posesión que, asegura, le donó su padre, mientras que Lucio, todavía entonces en el Centro de Readaptación Social de Pachuca (Cereso), sostuvo a Proceso que el caso de amenazas por el que estuvo recluido se construyó por la influencia política de su hermano, y señala complicidad de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJEH) para presuntamente incriminarlo.
“El fondo de todo esto es que (mis hermanos) no estuvieron de acuerdo con la donación que me hizo mi papá”, declaró en las oficinas de su correduría pública en la capital hidalguense, el secretario de Turismo. A horas de conocer el fallo, sugirió que su familia había comprado medios y peritajes para tergiversar lo que, insistió, había ocurrido un día después de la muerte del señor Enrique Baños Zúñiga.
Previamente, en entrevista con Proceso, Eduardo Baños había defendido la legalidad de los documentos de cesión de propiedad al mostrar la escritura pública 70171, pasada ante la fe de quien era titular de la Notaría Pública 4 de Apan, Alejandro Martínez Blanquet. El documento data del 13 de abril de 2015 y señala que el señor Baños Pérez dona a su hijo Eduardo la casa en Las Colonias, Pachuca.
Los hermanos, con Lucio como albacea, contrataron al perito privado Alfredo Sevilla Rodríguez, quien asegura que la firma atribuida a su padre en los documentos de donación era 42 por ciento más amplia que la auténtica, lo cual es parte carpeta de investigación 8313/2020 iniciada contra quien resulte responsable de posible falsificación.
Un dictamen de grafoscopía con folio DC-FO-016, con fecha del 12 de marzo de 2021 y elaborado por la Procuraduría General de Justicia del Estado para esta carpeta, determinó que las rúbricas son auténticas. Los hermanos que representa Lucio acusan que es parte de documentos elaborados por la PGJEH por influencia política de Eduardo.
El funcionario también defiende lo que asegura es su posesión con otro documento, del 28 de agosto de 2019, en el que la notaria 2 de Mixquiahuala, Aida Gálvez, refiere dar fe que compareció ante ella el padre de los hermanos Baños Gómez, para decir que había donado a su hijo Eduardo la casa en cuestión, y cita la escritura elaborada por el notario público número 4 de Apan, Alejandro Martínez Blanquet.
Para probar las amenazas, el secretario de Turismo presentó, además de su testimonio y el de supuestos testigos –algunos desistieron en el curso–, elementos con los que consideraba se acreditaban los hechos, elaborados por el ministerio público, que fungió como parte acusadora.
De la contraparte, dos peritajes fueron esenciales: uno de geolocalización a un dispositivo celular, que, según la defensa, muestra que el momento en el que supuestamente ocurrieron los hechos Lucio se encontraba en otro lugar, y otro que muestra los mensajes intercambiados por los hermanos a través del servicio de mensajería WhatsApp los días previos, en el que se acusaba hubo amenaza y los posteriores, para mostrar la relación entre ambos y sus conversaciones en torno a decisiones para el sepelio de su padre y posteriores temas, incluidos financieros, sin que se hiciera mención a un supuesto ataque.
Lucio, quien dijo ser víctima de un caso armado, consideró un aspecto esencial es que la denuncia se inició hasta cuatro días antes de que se cumpliera un año de la supuesta amenaza, lo cual, expuso, no era lógico para alguien que, presumiblemente, se vio en riesgo y, como sostenía su declaración, tenía temor de un ataque porque acusaba que su hermano poseía armas. Él repitió en juicio y en comunicaciones entabladas con Proceso durante su encarcelamiento, que la denuncia se había presentado después de que la familia confrontara a Eduardo por la cuestión que acusan de las firmas con las que se acredita la donación.
Al respecto, el secretario refutó que los hechos ocurrieron durante la pandemia y las oficinas del ministerio público no atendían con normalidad, pero remarcó en que lo hizo durante el plazo.
Previo a conocer el fallo, el aún funcionario del gobierno de Hidalgo negó usar influencia política en este caso, por el que se dijo perjudicado en su imagen pública por el manejo de la información de medios y los señalamientos hechos por sus hermanos. Aseguró no haber actuado nunca fuera de la ley y mostró una carta de antecedentes no penales.
La familia de Lucio, por su parte, expuso al conocer el veredicto que demostraron “las falacias” del secretario, a quien pidieron pagar por los agravios que, acusaron, les ha ocasionado: el encierro de uno de sus hermanos por un supuesto delito que no se probó y la legalidad de la propiedad que habitó hasta su muerte don Enrique Baños Zúñiga. (Fuente: Proceso)